El sistema electoral español se rige por la Ley d'Hondt a la hora de repartir los escaños según los resultados electorales. Es un sistema proporcional, ya que asigna diputados de manera proporcional al número de votos conseguido por cada formación. En los sistemas mayoritarios, por ejemplo el de las primarias de Estados Unidos, el partido que logra el mayor número de votos se lleva toda la representación.
La Ley d'Hondt rompe la proporcionalidad simple, por la que salen especialmente beneficiados los partidos minoritarios y ésta es, precisamente, la queja de los partidos minoritarios: la sobrerepresentación de los grandes.
Junto a la Ley d'Hondt, hay otra serie de disposiciones que se exigen a los partidos para poder acceder a las instituciones. Tanto en los ayuntamientos como en el Parlament se exige un mínimo de un cinco por ciento de los votos emitidos para poder obtener representación. También esto es una criba para impedir el paso a partidos con escaso apoyo electoral.
Pero tanto la Ley d'Hondt como el mínimo del cinco por ciento tiene consecuencias políticas de alto calado, como se pudo comprobar en las pasadas elecciones al Ajuntament de Palma. El gráfico muestra cómo se reparten los escaños según la Ley. Los votos que obtienen los partidos se dividen por uno, por dos, por tres, por cuatro y así sucesivamente. A partir de esa división, se asignan los diputados o concejales a los partidos que tengan el mayor cociente.
El primer concejal en Palma es para el PP, con sus 63.426 votos, el segundo, para el PSOE por sus 33.338 y el tercero, de nuevo para el PP ya que la mitad de sus votos son 31.713. A UM le faltaron 555 votos para llegar al cinco por ciento mínimo. De haberlos logrado, sus votos eran suficientes para lograr un escaño que, en este caso, le hubiera robado al PP, que logró el último concejal. Si también Els Verds hubiera entrado, el PSOE habría perdido uno de sus concejales, ya que logró el número 28. Es decir, que el PP logró la mayoría absoluta porque a UM le faltaron 555 votos.