El coordinador general de Esquerra Unida y candidato de la coalición al Govern, Eberhard Grosske, lamentó ayer que el Tribunal de Cuentas carezca de medios legales suficientes para controlar los gastos electorales de los partidos, por lo que solicitó el cambio de la actual ley por una «más rigurosa que sirva para realizar un rigurosos control». También se refirió a las «anomalías» contables que el Tribunal de Cuentas ha detectado en las cuentas del PSOE balear en los años 1989, 1990 y 1991, periodo en el que una entidad bancaria condonó, según afirma el informe, una deuda de 32 millones de pesetas.
Esta condonación «gratia et amore», que se realizó a través de la sede central del PSOE en Madrid, comentó Grosske, «es una irregularidad importante y un agravio comparativo hacia otros partidos a los que no nos perdonan las deudas».
En ese informe también se hace alusión «a las deficiencias contables» de EU y que Grosske consideró propias de «la contabilidad casera» de una coalición con una representación política limitada en aquellos años, al tiempo que lamentó «esta falta de rigor».
También se refirió a «alguna irregularidad de escasa cuantía del PP» que aparece reflejada en este informe del Tribunal de Cuentas, donde «no salen los 50 millones que recibió el PP por la concesión del túnel de Sóller». El informe en el que se detectaban anomalías del PSOE y Esquerra Unida fue encargado por una comisión del Congreso de los Diputados a propósito de las irregularidades en las cuentas del PP balear. Gabriel Cañellas tuvo que dimitir en 1995 cuando se denunció que recibió 50 millones del empresario que construyó el túnel de Sóller.