La entrada en funcionamiento de la planta desaladora, prevista para el mes que viene, tendrá dos consecuencias directas: el suministro inicial de 28.000 metros cúbicos diarios de agua de calidad y el incremento de la actual tarifa del agua. El conseller de Medi Ambient, Miquel Ramis, acompañado por representantes de EMAYA, Calvià 2000 y responsables de la obra, visitó ayer la planta con motivo del inicio del periodo oficial de pruebas.
El responsable de la planta, Miguel Torres, explicó durante la visita que producir un metro cúbico de agua cuesta unas 100 pesetas, cantidad superior a las 67 pesetas que cobra en la actualidad EMAYA por el suministro. En consecuencia, tanto el conseller de Medi Ambient como la presidenta de EMAYA, Maria Crespo, reconocieron que la tarifa del agua subirá, a menos que las instituciones decidan subvencionarla estableciendo un precio «político».
En cualquier caso, Miquel Ramis quiso dejar claro que el problema de Balears es de suministro, no de precio, y este suministro de calidad quedará ahora garantizado con la entrada en funcionamiento de la desaladora.
El periodo de pruebas que comenzó ayer se prolongará por espacio de dos o tres semanas de manera que, a principios de junio, podrá establecerse el suministro de agua desalada a las redes de Palma y Calvià. En la primera fase, la planta producirá 28.000 metros cúbicos de agua al día, dos tercios de su potencial total. Hasta dentro de un mes no estará a pleno rendimiento para abastecer a la red con los 42.000 metros cúbicos diarios que puede tratar. La planta está concebida de una manera modular, de forma que en el futuro puede ser ampliada para suministrar otros 21.000 metros cúbicos diarios adicionales.
Durante la visita, el conseller de Medi Ambient aprovechó para contestar a los «agoreros que dicen este año no habrá agua porque la realidad es cabezona y aquí estamos iniciando el periodo de pruebas cuatro meses antes de lo previsto».
Miquel Ramis no descarta una posible
privatización
El conseller de Medi Ambient, Miquel Ramis, no descartó ayer la
posibilidad de llegar a la privatización de la gestión futura de la
planta desaladora, si bien precisó que es fundamental tener en
cuenta que el agua es un bien público. «Sin perder de vista esta
premisa "afirmó", puede estudiarse una futura privatización de la
gestión como puede estudiarse otra opción».