El PP remitió ayer un comunicado en el que pide a los socialistas de Balears que clarifiquen si recibieron una donación de 32 millones de pesetas. Los populares entienden que si se verificase el contenido del Tribunal de Cuentas relativo a la condonación de 32 millones al PSOE por parte de una entidad bancaria se habría incurrido en un proceso de donación. «Esta circunstancia suscitaría múltiples interpretaciones en torno a las razones que motivarían esta supuesta donación y a plantear como mínimo dos preguntas: ¿aportó alguien al banco el dinero del préstamo?; ¿recibió la entidad bancaria alguna contraprestación a cambio de la cancelación?», denuncia el PP. Los populares no entienden que el PSOE tuviesen una deuda de 256 millones en concepto de gastos electorales si la normativa establece un límite de 15 millones.
«¿Cómo es posible que el PSIB mantuviera una deuda de 256 millones de pesetas en concepto de gastos electorales si la normativa vigente establece que las campañas que se llevan a cabo en el ámbito autonómico no pueden sobrepasar los quince millones de pesetas?», cuestiona el PP.
Los populares quieren que el PSOE también explique cuál fue el montante total del préstamo que con fecha de 31 de diciembre de 1989 arrojaba un saldo de 5'2 millones de pesetas, y cuya tramitación no figura en ningún documento contable. El PP pregunta los motivos por los cuales el «aparato socialista» se negó a colaborar con el Tribunal de Cuentas y rehusó entregarle la documentación contable de los ejercicios de 1989, 1990 y 1991.
Por otro lado, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, presentó ayer el informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos en Balears ante la Comisión Mixta del Congreso, informe en el que se destacan las irregularidades antes mencionadas en las cuentas del PSOE, sobre las que informó este periódico en la edición de ayer. Sobre las cuentas del PP señaló que «en el análisis de los estados financieros no se han constatado la existencia de incumplimientos sobre lo regulado en la Ley 3/1987 de 2 de julio sobre financiación de los partidos, salvo el otorgamiento no previsto en dicha Ley de aportaciones por distintas Corporaciones Locales y de subvenciones, de cuantías poco significativas, concedidas por el Gobierno Balear a la organización Nuevas Generaciones», sostiene en su informe Ubaldo Nieto. La petición de este informe fue iniciativa de la oposición a raíz del «caso del Túnel de Sóller» en el que se vio implicado Cañellas.