El Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías y errores en las contabilidades del PSOE balear y de Esquerra Unida, según el último informe al que ha tenido acceso este periódico y que se realizó a raíz del «caso Túnel de Sóller». El Tribunal señala que la dirección socialista de Balears no facilitó el diario de la contabilidad ni el detalle de los movimientos de las cuentas patrimoniales y de gestión ni la documentación justificativa. La dirección responsable, señala el informe del Tribunal de Cuentas, justificó que la documentación solicitada "años 1989, 1990 y 1991" fue destruida por tratarse de ejercicios ya fiscalizados.
No obstante, el Tribunal de Cuentas aplicó «técnicas de examen analítico y comprobaciones en función de las respuestas obtenidas de las entidades de crédito circularizadas y de la documentación obtenida de las actuaciones fiscalizadas conjuntas de los ejercicios 1988 y 1989». Según el Tribunal de Cuentas, en la contabilidad se pudo comprobar «falta de concordancia interna entre los datos aportados, que no han podido ser contrastados con la documentación justificativa ni han sido aclarados por el partido».
El Tribunal de Cuentas señala en su último informe que de las comprobaciones de las operaciones del PSOE con entidades de crédito en el ejercicio 1989 y de las respuestas resultó la existencia de un saldo acreedor en cuenta de 32.031.283 pesetas, cancelado por la entidad de crédito, sin que dicha cantidad constara como entrega de fondos. Tampoco se registró un préstamo con saldo de 5.296.769 pesetas a 31 de diciembre de 1989.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas comprobó que a partir de 1992 se fueron transfiriendo a la sede regional del PSOE en Balears diversas subvenciones extraordinarias para satisfacer deudas de la dirección isleña. En total, la ejecutiva federal envió al PSOE balear al final del ejercicio 95 un total de 256 millones de pesetas.