«Si la administración o una empresa causan a un consumidor un daño derivado por el Efecto 2000, la normativa le permite reclamar ante los tribunales, que son los que decidirán en última instancia sobre esta cuestión», señalaba ayer en Palma el asesor técnico del área de servicios del Instituto Nacional de Consumo (INC), Javier García Bartolomé, en una jornada sobre esta deficiencia informática organizada por la Conselleria de Sanitat i Consum.
El representante del INC, Javier García, se refirió a que «el efecto 2000 puede llegar a representar un gran negocio para los informáticos y los abogados por las posibles demandas debidas a los perjuicios de los errores técnicos. La legislación española es generosa para responder a los acontecimientos que se puedan producir».
El INC ha requerido a las empresas información «de cuales son los productos adaptados al efecto 2000 que comercializan desde 1996, fecha en la que gran parte de las empresa ya conocían la necesidad de subsanar el problema. Es por ello que aconsejo a los consumidores que guarden la documentación y los comprobantes de compra de los productos electrónicos».