La cumbre de presidentes de los Parlamentos euromediterráneos celebrada en Mallorca se ha zanjado con la llamada Declaración de Palma, en la que se recoge el compromiso de los participantes, representantes de 33 países, para conseguir un escenario de paz y estabilidad en la zona que permita el desarrollo global. Además del compromiso de creación de un foro de mujeres parlamentarias, decisión muy acorde con la efeméride del Día de la Mujer Trabajadora, cuya función sería la de luchar contra la proliferación de las armas de destrucción masiva y en defensa de los derechos humanos.
No es poco lo alcanzado si tenemos en cuenta la diversidad cutural y política de los países participantes, cuyos intereses no tienen por qué ser "con frecuencia no lo son" coincidentes. Es lógico, por tanto, que el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, destacase ayer el éxito del consenso logrado en la cumbre, que, según dijo, ha ido mucho más allá de lo que podía esperarse.
Sin embargo, esta declaración de intenciones de los presidentes de los Parlamentos euromediterráneos tiene que traducirse en la acción concreta y en realizaciones en las que, forzosamente, tienen que implicarse cada uno de sus respectivos Gobiernos para que, en un futuro, no se transforme en papel mojado.
Las dificultades que entraña hacer efectivos los acuerdos es evidente precisamente por la disparidad pero, al menos, se ha conseguido la redacción de un texto que recoge las aspiraciones de los países implicados en la cumbre. Los primeros y balbucientes pasos se dieron en Barcelona y, en estos días, en Palma y en ello estriba la importancia de la reunión de los parlamentarios y de su declaración final.