T ras dos largos años de agrios debates, y a falta de la ratificación por el Senado, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar por medio de un consenso principal entre el PP y el PSOE, pero en el que han intervenido los nacionalistas vascos, catalanes y canarios, la ley de profesionalización del Ejército español, que significa el fin del cumplimiento militar obligatorio en el año 2003. No ha habido ninguna posibilidad de convencer al Partido Popular de dos puntos muy importantes. El primero de ellos, el adelantamiento de la profesionalización de todo el Ejército al año 2000, aunque es muy posible que el PP acabe con las fuerzas de reemplazo mucho antes de la fecha aprobada porque se ha introducido un texto fijando esta posibilidad.
El segundo punto ha estado en trance de romper el consenso porque los conservadores no han aceptado tratar el derecho de asociación de los militares, un asunto éste que ha tenido sus defensores y detractores y que ha originado algunas polémicas históricas. Por supuesto que otros aspectos, como el número de militares que integrarán el futuro Ejército profesional, tampoco han tenido el respaldo de un acuerdo más amplio, dadas las grandes diferencias de criterio. Es evidente, por tanto, que existen puntuales discrepancias por lo que respecta a este nuevo modelo de Fuerzas Armadas.
Pero algo es algo y hay que celebrar el acuerdo final, que ha incluido la modificación de la fórmula de la jura de bandera con cambios más de forma que de fondo, entre ellos tanto los que son anacrónicos como los que hacen referencia a la sangre. En fin, todo ello es una simple anécdota insertada en asunto tan trascendental como el de la desaparición del soldado de reemplazo y el de disponer, en el próximo siglo, de un Ejército moderno y profesional.