La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó ayer ante el Consejo de Ministros una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial, contra el Estado español, por vulneración del derecho comunitario, al tardar 20 meses en trasponer una directiva sobre la antigua multipropiedad.
El Estado español «ha cometido una manifiesta y grave violación del derecho comunitario por el retraso en la trasposición de una directiva sobre las empresas de tiempo compartido», según informaron ayer los portavoces de la OCU.
La reclamación de la OCU, en nombre de 27 ciudadanos de seis países de la UE -Bélgica, Austria, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos- pretende que el Estado español devuelva nueve millones de pesetas, más los intereses de esa cantidad, que los afectados entregaron como señal a diversas empresas de tiempo compartido. Los afectados, «son miles, pero solamente hemos podido documentar 27 casos, que fueron presionados para que firmaran la compra de tiempo compartido en inmuebles de Balears, Canarias y la Costa del Sol, y a quienes no se devolvió la señal entregada».
La OCU recuerda que el 5 de enero pasado entraba en vigor la Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico (la antes conocida como multipropiedad), que incorporaba al derecho español una directiva de 1994: «La directiva tenía que estar incorporada al derecho interno de cada país antes del 29 de abril de 1997, pero el Estado español ha superado en 20 meses el plazo límite legalmente establecido».