El ministerio de Hacienda y, en su caso, la Agencia Tributaria tienen todo el derecho y todo el deber de recaudar los impuestos a los contribuyentes, por todas las vías legales a su alcance. Así que el anuncio de que la Agencia aumenta la presión de las medidas de cobro embargando vehículos, entra dentro de la absoluta legalidad. Perseguir a los morosos, especialmente con el Estado, no es algo que sea discutible. Especialmente si, como ha advertido el director general de la Agencia, hay una cierta sensibilidad en el procedimiento.
Es decir, se ha advertido que quien obtenga sus ingresos con la utilización del vehículo, como taxistas y camioneros, tendrá un trato especial porque no es lícito privarle de su útil de trabajo. Es de creer, por tanto, que las empresas que utilicen vehículos para su funcionamiento, como transportes o repartos, tampoco se verán amenazadas de embargo de sus vehículos. Ya tenemos una dinámica de conflicto basada en la igualdad de trato, porque hay un sinfín de profesionales y empresas que tienen, en el vehículo, su útil de trabajo.
Se entiende por jornada laboral, incluso por las compañías de seguros, no solamente la del horario oficial, sino los períodos utilizados para los trayectos desde o al domicilio, de modo que el asunto se complica, especialmente si se tiene en cuenta que Hacienda o la Agencia Tributaria tienen la obligación legal de intentar el cobro mediante otros procedimientos (no solamente los dos que apuntan) antes de llegar al del embargo de vehículos que es, legalmente, el penúltimo en el orden preferencial. Así que si, como se ha anunciado, se intensifica la caza y captura de vehículos, aunque se cumpla la exigencia de formalizar los requisitos legales, ésta puede ser una fuente de conflictos que puede colapsar los Juzgados, aún más si cabe, con contenciosos administrativos.