El Partido Popular de Balears, a través de su presidente, ha manifestado que es su intención que en el programa de gobierno para las próximas elecciones autonómicas se incluya el rescate de la concesión de la explotación del túnel de Sóller, como uno de sus puntos. Éste no solamente es el deseo del PP, sino de todos los partidos de la oposición, y de la mayoría de ciudadanos de Mallorca.
Recientemente, la empresa concesionaria ha mostrado su decepción por los resultados económicos de su inversión, lo que ha puesto de actualidad la posibilidad de este rescate. Ya dejamos dicho, en otro artículo editorial, los pormenores del caso, por lo que nos ahorraremos su iteración. De modo que estamos de acuerdo con la actitud del Govern de estar a la expectativa. Es decir, si la concesionaria quiere dejar la explotación, todos estaremos encantados. Lo que es intolerable es que una obra pública, concedida a una empresa privada, vuelva a la Administración pública pagando las consecuencias del fracaso empresarial. De modo que lo que está fuera de lugar es que el Partido Popular, causante del desaguisado y que, según se ha demostrado, se benefició con 50 millones de pesetas, mediante un cohecho no castigado por prescripción, pretenda ganar las elecciones a base de prometer el rescate de la concesión. Sería un beneficio excesivo.
Y una injusticia porque menorquines, ibicencos y muchos mallorquines que no usan ni usarán el túnel en años, deberían cargar con el precio del rescate. Y, todo ello, invirtiendo la lógica comercial: no es lo mismo, ni el mismo precio, que la concesionaria ofrezca el abandono de la explotación, con unas condiciones muy favorables a la administración autonómica, que ésta intente conseguirlas por su iniciativa. No es lo mismo ir a comprar, que esperar a que te vengan a vender.