El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Juan López Gayà, incorporó al «caso Camí de Cavalls» una segunda denuncia relacionada con la causa que instruye por los supuestos delitos de coacción y amenazas presentados por los propietarios de los terrenos menorquines donde transcurrieron dos etapas de esa popular manifestación. El juez investiga lo sucedido en las etapas del «Camí de Cavalls» celebradas el 15 de enero y el 18 de febrero, tras las denuncias presentadas por las familias Squella y Soto Martorell, según confirmó el alcalde de Alaior, Antoni Gómez (PSOE), que prestó declaración ayer en calidad de imputado. «Está muy claro que las denuncias tienen un trasfondo político, una persecusión, porque como alcalde sólo hice cumplir un acuerdo adoptado por el Consell Insular de Menorca en 1994 en la que se insta a los ayuntamientos a hacer cumplir lo estipulado en los caminos de servidumbre pública, como son los del Camí de Cavalls», indicó. Dijo, asimismo, que él formaba parte de la excursión que pasó por los terrenos de la familia Soto Martorell, «como otras 600 personas, pero sólo fuimos denunciados 16».
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