La Audiencia Nacional ha denegado al presunto terrorista José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, el permiso para acudir al Parlamento vasco con motivo de la constitución de la comisión de Derechos Humanos, en la que él, como parlamentario, se halla adscrito. Por otra parte, el juez Baltasar Garzón tampoco ha autorizado a José Antonio Etxeberria a asistir a los plenos de la Cámara vasca, de la que forma parte.
De inmediato han surgido reacciones en favor y en contra de estas dos decisiones, lo que no ha de extrañar a nadie porque desde que se politizó la Justicia, ésta trabaja sujeta a las sanciones de los líderes políticos y de la sociedad entera. La oportunidad o inoportunidad de estas medidas es el objeto de críticas positivas o negativas por parte de unos u otros. Pero la Justicia es, o debiera ser, ciega y aplicarse con el único criterio de seguir las Leyes vigente.
Éste es el criterio seguido por la Audiencia Nacional y el juez Garzón y, agrade o no, hay que aceptarlo. Los jueces no tienen porqué adaptarse a las exigencias de los políticos, especialmente cuando éstos ni siquiera logran acuerdos unánimes en algo tan especialmente delicado como es la lucha antiterrorista o la negociación por la paz.
Por otra parte, formaciones como EH y HB van en contra del sistema democrático o se adaptan a él según les convenga, mientras que el Estado de Derecho no tiene elección. En ocasiones la aplicación de la Ley favorece los intereses de unos (adscribir un etarra en la comisión de derechos humanos) y otras en contra (no permitirle que actúe como tal). Si EH y HB querían afrentar al Estado con este sarcasmo, ahora se encuentran con una decisión firme del estamento judicial que no entiende cambalaches. Ni con Barrionuevo y Vera, ni con Urrutikoetxea y Etxeberria.