El proyecto de ley de directrices de ordenación del territorio tuvo ayer la sorprendente virtualidad de concitar reacciones positivas de ámbitos tan diversos como el GOB y la Asociación de Promotores-Constructores de Baleares. El portavoz de los ecologistas, Miquel Angel March, aseguró que se ha atendido parte de las peticiones formuladas por ellos, como son las desclasificaciones directas y la protección del litoral.
En el apartado de los claroscuros destacó la tolerancia con los campos de golf o las eufemísticas excepciones. Miquel Angel March cuestionó además las cifras de población del Govern. «También es un punto oscuro que la norma se apruebe al final de la legislatura, con cierto secretismo y sin aparente consenso», señaló.
El presidente de la Asociación de Promotores-Constructores de Balears, Juan Matemalas, con la prevención de no conocer el texto definitivo, se mostró básicamente de acuerdo con el proyecto porque no apuesta por el crecimiento cero y sí permitirá que existan garantías jurídicas para el sector.
A la espera de que el texto definitivo entre en el Parlament, ya se conoce que alguna de las urbanizaciones que quedaron suspendidas por el Consell Insular podrán construirse finalmente. Algunas fuentes aseguraron que es el caso de la polémica urbanización de Son Ferrandell. En cualquier caso, aseguraron que no serán más de media docena. Las mismas fuentes aseguraron, por el contrario, que sa Talaiola no podrá construirse.
Las enmiendas del PP
Fuentes de la dirección del PP aseguraron ayer que el Grup
Parlamentari no tiene previsto introducir muchas enmiendas: a las
ya conocidas de las posibles exenciones fiscales para los
propietarios de fincas protegidas pueden sumarse algunas que
mejoren técnicamente el proyecto pero que no lo modifiquen de
manera sustancial. El presidente del partido no quiso hacer
declaraciones sobre el texto al argumentar que el protagonismo en
la materia lo llevará Jaume Matas. Sin embargo, algunos miembros de
partido señalaron que, más allá del fondo, en el PP había cierto
recelo por la forma en que el president ha llevado la redacción de
las directrices. A los alcaldes les ha molestado no estar al
corriente de cómo les afectará a sus municipios ya que se han
sentido desplazados de la negociación. El sector cañellista es el
que ha puesto más pegas a la regulación ya que considera que no es
el momento más adecuado. Tampoco se descarta que inicialmente algún
diputado se «descuelgue» en un principio, aunque todo el mundo da
por hecho que terminará aprobando el texto.