El director de Greenpeace España, Xavier Pastor, aseguró ayer que esta organización está dispuesta a colaborar con el Consell Insular en su política de eliminación de residuos siempre que la institución no apueste por la construcción de un tercer horno para eliminar las 80.000 toneladas de rechazos que generará la planta de compost. Pastor anunció su postura después de mantener un encuentro de más de dos horas con representantes de la institución insular, a quienes presentaron un plan alternativo de tratamiento de residuos.
Este plan, diseñado con un horizonte de validez de seis años, se marca como objetivo la supresión de la incineradora como sistema de eliminación de residuos. El plan estima que, si se sigue el plan que ellos han propuesto, en seis años se puede reciclar el 60 por ciento de los residuos.
El director de la organización ecologista aseguró que es posible colaborar con el Consell, partiendo de la premisa de que no se construya el tercer horno, porque por primera vez en todos estos años sus planes no han sido calificados de utópicos por los representantes políticos. El representante de los ecologistas reiteró que la organización seguirá oponiéndose a la planta incineradora y aseguró que su vocación no es crear conflictos «pero se ha demostrado que, si no hay conflicto, tampoco se intentar adoptar soluciones».
Un tercer horno frente al depósito
Pese a que Greenpeace y Consell Insular demostraron tener sintonía
en cuanto a la necesidad de potenciar la selección de residuos para
su posterior reciclaje y compostaje, hay un punto en el que de
momento hay posturas divergentes: el tratamiento de los rechazos.
Greenpeace asegura que, en seis años, se puede reciclar el 60 por
ciento de los residuos.
El 40 por ciento restante debe ser tratado en un depósito especial, impermeabilizado y que nada tiene que ver con un vertedero, según el director de Greenpeace en España, Xavier Pastor. El representante de la organización ecologista reconoció que existe este importante volumen de rechazos, pero también aseguró que la peor solución es incinerarlos, como de momento propone el Consell.