El auto de 14 de diciembre de 1998 dictado por la sección tercera de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ajuntament de Palma contra el auto de 3 de junio de 1998 por el que se acuerda designar al Consistorio palmesano tutor de un ciudadano.
En consecuencia, Cort deberá ejercer, por primera vez, la tutela de una persona a la que por sentencia de 28 de diciembre de 1998 se le ha declarado «la incapacitación total, tanto para regir su persona como para administrar sus bienes».
Este se convierte en el primer caso de tutela del Ajuntament y, además, ordenada por un auto judicial, pero puede no ser el único, pues existen cerca de 200 expedientes pendientes de resolución.
El auto de la Audiencia rechaza los argumentos esgrimidos por el letrado municipal en el recurso de apelación presentado contra el primer auto.
En primer lugar, desde Cort se alegó carecer de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela, a lo que el auto rebate duramente que «es cierto que los recursos de la Corporación apelante no son ilimitados, pero la problemática que aquí se plantea es de reparto de recursos, y no resulta de recibo que en dicho reparto un Estado Social y de Derecho no pueda asignar partidas presupuestarias suficientes para atender a las tutelas de los menores e incapacitados que tenga que asumir».
En segundo lugar, el Ajuntament denunció «la existencia de graves defectos procesales durante la sustanciación de los autos» que, a su juicio, «determina la nulidad de todo lo actuado», pero el tribunal contesta que no comparte la apreciación.
Crear una Fundación Tutelar de Balears
M.G.
La regidora de Acción Social en Cort, Carmen Sagrado, comunicó el
pasado lunes al alcalde la desestimación del recurso de apelación
que obliga al Consistorio a ejercer la tutela de un incapaz y ya le
presentó el borrador de lo que podría ser la futura Fundación
Tutelar de Balears.
La regidora justificaba ayer la apelación de los autos en materia de tutela en que «estas deberían ser compartidas con las demás instituciones, pues me parece un poco fuerte que las carguen todas al municipio».
Sagrado teme ahora una avalancha de peticiones de tutelas «y a la vista de este auto, que sienta jurisprudencia, es fácil adivinar que todos los demás casos que se presenten recaerán también en el Ajuntament de Palma si el incapaz reside aquí, o sobre otro municipio si vive fuera».