El juez Javier Mulet ha decidido dar por extinguida la causa reabierta por el «caso Calvià», a raíz de unas imputaciones realizadas por quienes fueron condenados en 1993, al considerar que ha prescrito el presunto delito de cohecho del que serían responsables el ex conseller del Govern Francesc Gilet y el que fuera presidente del PP de Calvià Eduard Vellibre. Sin embargo, en su escrito dice que «repugna a la ciudadanía la forma torticera e, incluso, chapucera con la que se intentó el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Calvià».
Al considerar prescritos los hechos antes de proceder al juicio oral, siempre quedará la duda de si los dos imputados fueron o no responsables penales del delito del que se les acusaba. Y la queja por la enorme tardanza de la Justicia. El intento de soborno se produjo en 1992; la reapertura del caso, en 1996, y es ahora, en 1999, siete años después de que todo sucediera, cuando se considera que ha prescrito. Es indudable que esto provoca en los ciudadanos una extraña sensación y un excesivo alejamiento de los hechos que han de ser juzgados. Hay que añadir a ello que algunos puntos no han sido aclarados durante la instrucción, como por ejemplo la destrucción de algunas pruebas. ¿Se ha hecho justicia? Ésta es la gran pregunta, pero no hay que olvidar que los ahora enjuiciados no sólo dimitieron de los cargos que ocupaban, quedando así depuradas las responsabilidades políticas, sino que también han pagado un duro precio en lo personal, familiar y profesional a lo largo del proceso. Quizá no haya sido éste el mejor final para tan lamentable caso, pero lo cierto es que, salvo que se presente algún recurso, otro oscuro asunto de la reciente historia de Balears está a punto de cerrarse. Ojalá que la actual clase política haya aprendido la lección y las prácticas denunciadas por los jueces de los casos «Calvià» y «Túnel de Sóller» nunca más se repitan.