La moción de censura presentada contra la Comisión Europea pone sobre la mesa el papel que ésta juega en la política de los países comunitarios y la misma estructura de funcionamiento de la Unión. En la propuesta se implica al comisario español Manuel Marín en determinadas irregularidades que pudo haber cometido su departamento. Pero el asunto de fondo es realmente si la llamada Comisión Europea es o deja de ser un órgano con potestad ejecutiva suficiente y con el control determinante del Parlamento Europeo o si, en cambio, se trata de meros funcionarios de alto nivel que deben actuar al dictado de los países con mayor poder en la estructura comunitaria.
Dadas estas circunstancias, es lógico pensar que surjan dudas sobre si tiene una base real esta moción o se sostiene sólo por los intereses de los países más relevantes, que quieren, en este caso concreto, presionar para hacer prevalecer sus intereses. Si esto es así, no podríamos hablar de la construcción de una Europa real, sino de una ficción en la que los fuertes harían valer sus criterios.
Pero también es cierto que cualquier poder ejecutivo tiene que tener unos mecanismos de control y, en el caso de la Comisión Europea, es la primera vez en la que se plantea una situación semejante. En un sistema democrático, como lo son todos los de los estados miembros, sus parlamentos ejercen el control de la acción de gobierno. Es, por tanto, razonable que el europeo revise las actuaciones de la Comisión y pueda, en un momento determinado, ejercer la censura.
De todos modos, dado el funcionamiento de la Unión Europea, todos sus organismos oficiales parecen diluidos frente a los gobiernos de los países que la integran. Tal vez ése sea el mayor problema de la construcción de la Europa unida.