Prescripción o no prescripción. Este es el dilema que debe resolver hoy el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Palma, Javier Mulet, en la reanudación del denominado «caso Calvià II». Ayer, en el inicio del juicio oral contra los ex dirigentes del PP balear Francesc Gilet y Eduardo Vellibre, por el delito de cohecho para cometer un acto injusto, el debate sobre la prescripción ocupó dos horas y media de la vista. Las defensas de Gilet y Vellibre plantearon esa figura procesal en el apartado de cuestiones previas e insistieron en que procede la suspensión del juicio. La tesis de la prescripción del supuesto delito de cohecho cometido por Gilet y Vellibre también es defendida por el Ministerio Fiscal, que ayer, una vez más y como viene ocurriendo desde 1996, se pronunció a favor de la extinción en el tiempo del delito juzgado.
El juez aplazó hasta hoy la decisión, tras escuchar ayer, durante dos horas y media, las alegaciones de los abogados de Gilet y Vellibre y de las acusaciones ejercidas por el PSIB-PSOE, Ayuntamiento de Calvià y el concejal José Miguel Campos.
Las acusaciones solicitaron al juez que desestimara las cuestiones previas planteadas por las defensas, al entender que la calificación del delito "cohecho para cometer un acto injusto" es distinta al juzgado en su momento por la Audiencia de Palma, en 1993.
Las defensas, en cambio, representadas por los letrados Antoni Monserrat y Javier Clastres, realizaron una amplia exposición, no sólo para solicitar al juez que estime la prescripción, sino además, para pedir la nulidad del juicio «por vulneración de los derechos fundamentales de mi cliente», como alegó Monserrat.
Las acusaciones y el «delito
conspirativo»
Las acusaciones (PSIB-PSOE, Ayuntamiento de Calvià y José Miguel
Campos), representadas por los abogados Salvador Cánovas, Antonio
José Diéguez y Gabriel Garcías, respectivamente, calificaron el
delito de «conspirativo». Reiteraron, asimismo, que no procede
decidir la prescripción en el apartado de cuestiones previas, sino
que es necesario esperar al final de juicio. Solicitan para Gilet y
Vellibre cuatro meses de arresto menor y cien millones de pesetas
de multa. El inicio del juicio del denominado «caso Calvià II», ya
que procede a unos hechos que tienen sentencia en firme desde 1993,
dictada por la Audiencia de Palma y ratificada en 1994 por el
Tribunal Supremo, se centró ayer en un extenso debate sobre la
jurisprudencia existente en torno a la prescripción, o no, del
delito por el que se juzga a Francesc Gilet, ex diputado del PP y
ex conseller Adjunt a la Presidència del Govern balear, y Eduardo
Vellibre, ex presidente del PP de Calvià.