La Oficina de Investigación Patrimonial creada por el juez decano de Balears, Pere Barceló y que apoya la Conselleria de la Presidència del Govern, recibió en 1998 un total de 1.586 peticiones de los jueces para delimitar la cuantía de los bienes de las personas incursas en causas judiciales.
La oficina, atendida por tres personas y que se encuentra situada en los juzgados de Instrucción de Vía Alemania, cursó las solicitudes en diversas instituciones, como la Agencia Tributaria, Policía Local, Tesorería de la Seguridad Social y Jefatura de Tráfico.
En un plazo máximo de dos semanas, la oficina accede a los datos requeridos por los jueces, que de esta forma, obtienen información veraz y objetiva sobre el patrimonio de los ciudadanos investigados.
El Juzgado de Instrucción número seis de Palma fue el que en más ocasiones solicitó la ayuda de la Oficina de Información Patrimonial, ya que lo hizo en 182 ocasiones, seguido del Juzgado de lo Penal número 6 (162), Instrucción 7 (146) e Instrucción 10 (130).
De las 1.586 solicitudes de los jueces, un total de 805 dieron un resultado positivo (es decir, se comprobó que la persona poseía bienes para hacer frente a determinadas responsabilidades de índole económico), y otras 410 fueron negativas. Las peticiones no contestadas, debido a que las entidades carecían de datos, se elevaron a 371.
Alemanes, árabes y norteafricanos, entre los
investigados
Un portavoz de la Oficina de Investigación Patrimonial confirmó
ayer que entre las peticiones formuladas por los jueces destacaban
las dirigidas a ciudadanos extranjeros, especialmente alemanes,
árabes y norteafricanos. «Detectamos un aumento en las solicitudes
para averiguar los bienes que poseen personas de esas
nacionalidades», señaló.
Todas las órdenes para iniciar la investigación patrimonial de las personas entre las distintas entidades (Hacienda, Tesorería de la Seguridad Social, Policía Local y Jefatura de Tráfico) deben ir firmadas por el juez-decano, Pere Barceló. «Cuando uno de los funcionarios de la oficina presenta al organismo respectivo la solicitud, es atendido de inmediato y la información llega a poder de los jueces en un plazo máximo de dos semanas», dijo Barceló.