El Ajuntament ha hecho efectivos cerca de cuarenta embargos de bienes o cuentas bancarias a lo largo del presente año a ciudadanos de Palma por el impago de multas de tráfico.
No obstante, han sido varias centenas las notificaciones de embargo de cuentas emitidas por la sección de multas durante 1998, «pero pocas llegan a hacerse efectivas pues muchos ciudadanos cuando ven que ya no hay salida optan por pagar», afirma el concejal de Hacienda en Cort, Pedro Àlvarez.
Cada multa de tráfico que no se paga durante el periodo voluntario establecido pone en marcha todo un proceso que comienza con la notificación del inicio del periodo de apremio y que finaliza con la orden del embargo de los bienes del deudor, en cantidad suficiente para cubrir el crédito perseguido, intereses y costas del procedimiento. Desde el momento en que un ciudadano se le pone la multa por una infracción y la notificación del embargo suele transcurrir más de un año.
Según asegura el edil, «el embargo es la manera que la ley otorga a las administraciones públicas para resarcirse de las ilegalidades que cometen los ciudadanos y por las que no pagan, pero en realidad a la administración le cuesta dinero cada embargo».
Luchar contra la picaresca
El embargo de cuentas corrientes por parte de las administraciones
públicas choca frecuentemente con la picaresca. Así, es habitual
que cuando una entidad bancaria recibe una notificación de embargo
de una de sus cuentas, dé la voz de alarma a su cliente, quien de
inmediato saca el dinero de ésta o lo traspasa a una nueva cuenta,
ésta desconocida.
De este modo, al no encontrar capital suficiente en esa cuenta para satisfacer la deuda, la administración, el Ajuntament por ejemplo, debe proceder a embargar otros bienes del sujeto pasivo, optándose casi siempre por aquéllos de los que se tiene constancia y en el caso de las multas de tráfico el más conocido es el coche.