Una vieja aspiración balear es el control y gestión de los puertos y aeropuertos insulares, lo que, en una España llamada de las autonomías, entra en la más pura lógica y forma parte de la más estricta de las justicias. El costo de la insularidad, tan frecuentemente objeto de continuadas reivindicaciones y motivaciones de financiación autonómica, podría aliviarse bastante si Son Sant Joan, así como los aeropuertos o los puertos marítimos baleares, fueran gestionados en las islas.
Así que el anuncio, por parte del ministro español de Fomento, de que el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea tiene que descentralizarse ha abierto toda clase de especulaciones, la mayoría optimistas por lo que se refiere a Balears y, especialmente, a Mallorca porque Son Sant Joan es una pieza apetecible. Lo que ocurre es que esta descentralización resulta un poco ambigua, según se desprende de las palabras del ministro, anunciando que la descentralización nada tiene que ver con las comunidades autónomas.
Ya se sabe que el Estado español está gestionado de forma jacobina y una descentralización que no pasa por las autonomías resulta una contradicción o una cuestión kafkiana. Inmediatamente, el propio Govern de Balears, del PP, el Fomento del Turismo y la Federación Hotelera han solicitado que la gestión de Son Sant Joan se quede aquí. La que fuera la conciencia económica, financiera y fiscal del PP y del Gobierno central, José Barea, ha puesto el dedo en la llaga: la gestión aeroportuaria debe estar descentralizada en todos sus aspectos, ha dicho. Se puede decir más alto, pero no más claro.
Y es que Son Sant Joan es el gran gigante a quien todo el mundo querría tener. Una fuente de ingresos realmente fabulosa, pero que no se debe ignorar que es generada por los mallorquines. Y por nadie más.