Un grupo de policías de las Fuerzas Especiales de Bolivia dejó este martes una citación impresa en una de las casas del expresidente y líder del oficialismo, Evo Morales (2006-2019), en la región de Cochabamba (centro), para que declare el jueves 10 de octubre en un caso de presunta «trata de personas» y «estupro».
Morales niega desde el miércoles las acusaciones de que él durante su Presidencia habría creado una red de jóvenes de entre 14 y 15 años para tener a su disposición, llamada «Generación Evo», y la denuncia de «violación» de una menor con la que habría tenido un hijo.
«Me voy a defender legalmente (...) como me he defendido contra muchos presidentes», afirmó Morales este martes en una conferencia en Cochabamba, aunque no confirmó si llegará a la cita de declaración.
La denuncia de estos presuntos crímenes fue presentada el 26 de septiembre en la fiscalía de Tarija (sur), tres días después de que, tras una marcha de 187 kilómetros Morales y miles de sus seguidores dieran un ultimátum al Gobierno del presidente Luis Arce, con quien mantiene una pelea por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y el Ejecutivo.
Los padres de la posible víctima también fueron llamados a declarar ante un fiscal, ya que se les acusa de haberse «lucrado» con su hija, al entregarla al expresidente a cambio de «favores» políticos y económicos.
La citación a Morales se da después de una polémica dentro de la Justicia boliviana, por la destitución de la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, quien afirmó el miércoles pasado que iba a ejecutar una orden de captura contra el exmandatario, pero fue despedida por el fiscal Juan Lanchipa horas antes.
Sin embargo, en la víspera un juez ordenó la reintegración de Gutiérrez a su cargo y Lanchipa informó sobre la citación a Morales y los padres de la supuesta víctima.
Morales ha sido claro con su pretensión de regresar a la Presidencia, ya que según dijo recientemente en una entrevista a EFE, él es el único «que puede salvar a Bolivia» de lo que considera un Gobierno «neoliberal» y «derechizado» del que fuera su ministro de Economía, Luis Arce.
El exmandatario y líder cocalero aseguró a EFE cinco días antes de que se presentara la denuncia por «trata de personas» y «estupro» que el Gobierno tenía «cuatro planes en su contra», entre estos, «matarlo», para no dejarlo participar en las elecciones presidenciales de 2025.
El Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana, llevó las acusaciones hacia Morales al campo de la política, mostrando su preocupación por la «campaña de lawfare» contra el líder del MAS
«A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros del Grupo de Puebla entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales», expresó el Grupo de Puebla en un comunicado.
Por su parte el presidente Arce dijo sobre las acusaciones contra Morales: «no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación. A los niños no se les toca y esa es nuestra posición. No queremos que este tema se politice».
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, afirmó que tiene tres denuncias por «violación» que involucran a Morales, y dijo que «no descarta que lleguen más».
Del Castillo, quien ha intercambiado acusaciones por «narcotráfico» con el exmandatario, también aseguró esta jornada que él puede garantizar la seguridad de Morales para que vaya a declarar este jueves a la fiscalía de Tarija.
Morales ya afrontó un caso por estupro y relaciones con menores abierto durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020).
La acusación se basaba en fotografías y mensajes de móvil con una menor que supuestamente presentaba un flujo migratorio no explicado a México y Argentina, países en los que estuvo Morales al dejar la Presidencia.
Sin embargo ese y los otros casos fueron desestimados o cerrados tras el regreso del MAS al poder y de Morales a Bolivia a finales de 2020.