El gobierno alemán ha respondido a la acción de activistas medioambientales contra el uso de combustibles fósiles en el aeropuerto de Frankfurt, entre otros, señalando que estas protestas pueden comportar penas de prisión para aquellos que las protagonizan. No obstante los portavoces de Última Generación manifiestan estar preparados contra lo que consideran una campaña de descalificación en toda regla.
Lina Johnson, una representante del movimiento, subraya que, en lugar de pedir penas más duras para este tipo de acciones de activistas en aeropuertos. «Los políticos deberían tomarse en serio de una vez la magnitud de la catástrofe que ellos mismos están alimentando». «Las penas de cárcel no nos protegerán del calor, de la sequía, de las inundaciones ni de la dramática subida del nivel del mar. Tampoco disuadirán a la gente de defender su supervivencia, sus derechos y libertades y los de sus semejantes», recalcó.
La policía del aeropuerto de Frankfurt, el mayor de Alemania, ha detenido a ocho activistas que irrumpieron este jueves en las pistas del aeródromo y provocaron la suspensión temporal de todos los vuelos. «Ocho personas han sido arrestadas preliminarmente y entregadas para su procesamiento a la Policía de Hessen», el estado federado al que pertenece Fráncfort, indicó el portavoz.
La acción obligó a la gestora del aeropuerto a suspender primero todas las operaciones durante al menos dos horas. Después informó en un comunicado que hasta el momento se han cancelado 140 vuelos de los 1.400 previstos. Hay más de 30 kilómetros de vallas en Fráncfort, que están técnicamente aseguradas y patrulladas.
Además, se han establecido cadenas de alarma para alertar inmediatamente a la policía, al operador del aeropuerto y al control del tráfico aéreo si se detecta una intrusión en la zona de seguridad. En el marco de la acción, la víspera activistas de Última Generación ya bloquearon el tráfico aéreo en el aeropuerto de Colonia/Bonn, al pegarse algunos en las pistas. Según este grupo, también comenzaron el miércoles protestas a favor de un tratado internacional de no proliferación y eliminación progresiva de los combustibles fósiles en Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Países Bajos, Suiza, Canadá, Suecia, Finlandia, España y Noruega.