El Gobierno israelí aseguró este viernes ante la Corte Internacional de Justicia que hay «una guerra trágica en curso, pero no un genocidio» en Gaza, y acusó a Sudáfrica de tener «un claro motivo ulterior» al pedir un alto el fuego en la Franja porque busca, dijo Israel, «obtener ventaja militar para su aliado, Hamás, al que no desear ver derrotado».
En una intervención ante la Corte (CIJ), el agente de Israel Gilad Noam advirtió de que este tribunal, máximo órgano judicial de la ONU, «corre el peligro» de verse «involucrado en la microgestión de aspectos operacionales de un conflicto armado» si emite medidas cautelares adicionales exigiendo a Israel pasos para evitar violar la Convención sobre el Genocidio.
Así, Noam justificó que «como es el caso en todos los conflictos armados, pueden ocurrir incidentes que involucren presuntas violaciones de las normas que regulan» las hostilidades, y consideró esto una «realidad que no es única de Israel» porque «ningún Estado es infalible». La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, escucha este viernes los argumentos de Israel contra las medidas cautelares exigidas por Sudáfrica para evitar lo que considera un genocidio en Gaza en la actual guerra que empezó en octubre.
A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, no ha querido pronunciarse sobre si considera que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, esgrimiendo que es algo que le corresponde determinar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), si bien ha dejado claro que España apoyará lo que dictamine. Así se ha pronunciado el ministro, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
Los ministros de Sumar en la coalición de Gobierno han venido denunciado que Israel está perpetrando un genocidio, al igual que otros partidos como Podemos. Albares se ha remitido al proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras la demanda presentada por Sudáfrica por la posibilidad de que Israel esté cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza con su respuesta al ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. El ministro ha esgrimido que el Gobierno ha contribuido voluntariamente con millones de euros a la labor que realizan tanto la CIJ como el Tribunal Penal Internacional (TPI) «para que analicen los posibles delitos que se están cometiendo».
«Apoyaremos al Tribunal Internacional de Justicia (sic) en lo que dictamine, que es quien puede pronunciarse al respecto, igual que hemos acatado y pedimos a todas las partes que acaten sin ninguna restricción las medidas cautelares» que dictó este organismo, se ha limitado a responder. Albares se refería con ello a las medidas cautelares dictadas el pasado enero por la CIJ, que ordenó a Israel «tomar todas las medidas posibles» para prevenir un genocidio en Gaza y garantizar de manera «urgente» que la población palestina recibiera la ayuda necesaria.
Dos meses después, dictó nuevas medidas provisionales por la situación de crisis humanitaria provocada por la ofensiva en Rafah. Este mismo jueves se celebró una nueva vista ante la CIJ después de que Pretoria haya reclamado otra vez más medidas cautelares ante la operación militar en curso en Rafá. El abogado Vaughan Lowe, que representa a Sudáfrica, sostuvo que la ofensiva del Ejército israelí sobre Rafah es la «fase final» para borrar del mapa a la población palestina. Por su parte, el representante de Israel ante la CIJ, Gilad Noam, ha asegurado este viernes que su país no está cometiendo genocidio alguno en Gaza y ha pedido al tribunal que suspenda los procedimientos iniciados por Sudáfrica, que ha convertido semejante crimen en una «parodia».