Italia, un estado referente en el ámbito europeo, se acerca a adoptar una nueva concepción del aborto. El gobierno encabezado por el postfascista Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni se presta a contentar las corrientes más conservadoras en un asunto que suscita una airada discusión pública. Este pasado miércoles la primera ministra italiana pidió «no dar lecciones» a la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, quien había criticado en las redes sociales una medida sobre el aborto en tramitación en el Parlamento italiano.
«En varias ocasiones he escuchado a ministros extranjeros hablar de cuestiones internas italianas sin conocer los hechos. Normalmente cuando se ignora un tema se debe tener la buena costumbre de no dar lecciones», dijo Meloni en Bruselas, según confirmaron fuentes de su equipo. La primera ministra ultraderechista respondía así a las críticas de la titular española de Igualdad a una medida sobre el aborto que se está tramitando actualmente en el Parlamento, y que acaba de recibir el primer visto bueno de la Cámara de los Diputados.
Se trata de una enmienda a un decreto sobre los fondos del Plan de Recuperación de la pandemia que, en resumidas cuentas, permite y financia el acceso a los consultorios familiares a organizaciones provida o antiaborto, lo que ha enfurecido a la oposición. El texto, presentado por el diputado Lorenzo Malagola, de los Hermanos de Italia de Meloni, dice que «las regiones organizarán los servicios de consultorio (...) y podrán valerse, sin nuevos o mayores cargos a las cuentas públicas, de la implicación de sujetos del Tercer Sector de cualificada experiencia en el apoyo de la maternidad».
Los críticos creen que esto abriría la puerta a las organizaciones 'antiaborto' a los consultorios, centros del servicio nacional de salud de apoyo a las mujeres embarazadas, atacando en definitiva a la «Ley 194», que desde 1978 regula en Italia el aborto. La ministra española ha criticado esta doctrina en la red social X: «Permitir el acoso organizado contra las mujeres que quieren interrumpir su embarazo es socavar un derecho reconocido por ley. Es la estrategia de la ultraderecha: amedrentar para revertir derechos, para frenar la igualdad entre mujeres y hombres», escribió.