Los países de la Unión Europea (UE) examinarán este martes por primera vez al más alto nivel la petición española para dar la oficialidad al catalán, euskera y gallego en el bloque comunitario, iniciativa que ya han enfriado países como Suecia y Finlandia y que, aunque no recibirá un portazo definitivo, presenta escasas opciones de alcanzar la unanimidad para votarse mañana.
Fuentes europeas esperan para este martes una discusión «interesante y productiva» en la que la presidencia del Consejo, que este semestre ostenta España, tratará la cuestión «como el resto de 'dossieres' que requieren unanimidad», es decir, trabajando la propuesta hasta que todos los países estén de acuerdo. «En los expedientes como este, el tango se baila a veintisiete», subrayó una fuente europea, que recordó que el mismo proceso se ha tenido que seguir para lograr un consenso de todos los socios comunitarios en aspectos como las sanciones de la UE contra Rusia.
El viernes pasado, cuando se habló de la petición a nivel de los embajadores de la UE, fueron 16 los países que tomaron la palabra y 14 de ellos plantearon dudas sobre las vertientes financieras, políticas o prácticas, mientras que varios pidieron un informe de los servicios jurídicos del Consejo Europeo.
ARGUMENTO LEGAL DE ESPAÑA
España considera que el catalán, el euskera y el gallego, además de tener estatuto oficial en el Estado español, ya están reconocidas en tanto que lenguas cooficiales por el artículo 55.2 del Tratado de Unión Europea, tal y como se recoge en el texto que se debatirá este martes.
Ese artículo permite traducir el Tratado de la Unión Europea «a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros entre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte de su territorio».
Según varias fuentes europeas, ningún país se ha opuesto frontalmente a la propuesta española y República Checa y Eslovenia expusieron además que sus lenguas oficiales tienen menos hablantes que el catalán (10 millones aproximadamente), si bien sólo Liubliana expresó su pleno apoyo a la medida, según varias fuentes europeas.
Aunque España ha planteado su voluntad de asumir el coste de la traducción e interpretación de estas tres lenguas -lo cual para una fuente diplomática rebajará algunas reticencias-, otra alta fuente comunitaria dijo a EFE que no se ha hecho aún ningún estudio de impacto presupuestario al respecto.
Varias delegaciones señalan asimismo la inusitada rapidez con la que se ha tratado de tramitar este asunto, que se incluyó en la agenda de la primera reunión a nivel de ministros disponible y que previamente sólo han tratado los embajadores y no los grupos de trabajo más técnicos que suelen preparar antes en profundidad este tipo de debates.
La presidencia española, por su parte, no descarta usar ninguno de los mecanismos de los que dispone el Consejo en busca de la unanimidad: desde solicitar ese informe jurídico hasta devolver el asunto a los grupos de trabajo técnicos.
EL PRECEDENTE
En 2005, el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, envió una carta a las instituciones europeas ofreciendo firmar convenios bilaterales para que se pudieran utilizar las lenguas cooficiales.
Se consiguieron entonces en todas las instituciones salvo el Parlamento, donde la petición creó «una discusión política muy fuerte» -según recuerdan fuentes de la Eurocámara- y se trató hasta en tres ocasiones con Josep Borrell siendo presidente de la Eurocámara y empujando por el sí, aunque finalmente no se logró por un escaso margen y con la oposición del PP.
La Eurocámara argumentó que era el año posterior a la mayor ampliación de la Unión Europea hasta la fecha y que estaba teniendo problemas para ofrecer la interpretación a las nuevas lenguas que sí eran oficiales.
Sí que se reconoció por escrito el derecho de los ciudadanos a comunicarse con el Parlamento Europeo en las lenguas cooficiales españolas y se previó revisar la decisión al año siguiente, algo que nunca se llegó a hacer.
En el caso del Consejo, por ejemplo, el acuerdo bilateral firmado entonces prevé que los interesados en expresarse en ese idioma en una reunión avisen a la institución con tiempo para que se pueda prever la interpretación simultánea.
La próxima reunión formal de los ministros de Asuntos Generales en la que este asunto podría entrar de nuevo en la agenda será el próximo 24 de octubre en Luxemburgo.