El pleno del Parlamento Europeo ha apostado este jueves por establecer sistemas eficaces de «seguimiento y vigilancia» para detectar los intentos de injerencia de gobiernos terceros sobre las actividades de las instituciones europeas, con el fin de evitar nuevos casos como el escándalo por el que varios eurodiputados han sido imputados por participar en una presunta red de sobornos con la que Qatar y Marruecos buscaron ganar influencia en la UE.
En las recomendaciones adoptadas en Estrasburgo (Francia) con 441 votos a favor, 70 en contra y 71 abstenciones, la Eurocámara alerta del «fenómeno generalizado» que a su juicio representan los intentos de países terceros por injerir en las democracias europeas y que se deben «combatir con la mayor firmeza posible».
Los eurodiputados declaran en el texto su «profunda conmoción» por la implicación de varios eurodiputados y exeurodiputados en la trama conocida como 'Qatargate' que investigan las autoridades en Bélgica y llaman la atención sobre el hecho de que «países como Qatar, Marruecos, China, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Serbia y Turquía hayan realizado enormes inversiones en la representación de intereses en Bruselas».
Por ello plantean que las instituciones comunitarias refuercen sus mecanismos de transparencia, integridad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción para poder fortalecer su respuesta ante eventuales nuevos intentos de injerencia extranjera; al tiempo que alertan de los «vacíos» que existen en las reglas internas del propio Parlamento sobre integridad y transparencia.
En este sentido, además de pedir que se concrete cuanto antes la 'hoja de ruta' con catorce medidas que la presidenta Roberta Metsola ofreció tras destaparse el 'Qatargate', los eurodiputados piden una revisión rápida del código de conducta que se les aplica para incluir sanciones efectivas y proteger mejor a quienes denuncien irregularidades.
Además apuestan por la obligación de hacer públicos los ingresos que perciban los eurodiputados por actividades distintas a su papel en la institución europea y que se prohíba el trabajo remunerado en entidades inscritas en el registro de transparencia de la UE.