El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, acusó a Estados Unidos de sobornar a la Corte Penal Internacional (CPI) para que ordenara el arresto del jefe del Kremlin, Vladímir Putin. «Recuerdo que este año el presupuesto de ese tribunal especial aumentó en 24 millones de euros. Se puede interpretar como se quiera, pero en esencia parece un soborno de las autoridades estadounidenses», dijo Medvédev durante su intervención en el Foro Legal Internacional de San Petersburgo.
El expresidente ruso subrayó que ese soborno estaría dirigido a promover «casos antirrusos vinculados con el conflicto en Ucrania». La orden de arresto «es, por supuesto, demostrativa y un sinsentido, incluso penosa. Pero, lamentablemente, tiene ciertas consecuencias», dijo. Medvédev subrayó que el sistema del derecho internacional comenzó a desmoronarse con la creación en 1993 del tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia en La Haya.
«Precisamente desde ese período la fe en la justicia internacional se vio seriamente minada y comenzó a extinguirse», afirmó. Denunció que las instituciones internacionales han sido sustituidas por órganos que cumplen la voluntad de una serie de países, en alusión a EEUU, por lo que subrayó que para Rusia no tiene sentido seguir perteneciendo a dichas organizaciones.
«Si las convenciones internacionales no se aplican y los decisiones de los tribunales reconocidos por los países no se cumplen, entonces funciona la artillería e incluso vuelan los misiles hipersónicos», comentó. En la misma línea, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó hoy al CPI de ser «una herramienta obediente» en manos de los países anglosajones y de que nunca contribuyó al arreglo de los conflictos, sino a su agravamiento.
«A día de hoy ese órgano se dispone a tomar nuevas decisiones escandalosas. Esto incluye ampliar su alcance jurídico de manera unilateral. En violación del derecho internacional, ignora la inmunidad de los funcionarios del Estado», dijo. Por ese motivo, Putin ya no puede viajar al extranjero con libertad, ya que 123 países han firmado el Estatuto de Roma y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.
Putin tiene previsto viajar en agosto a Sudáfrica, país que le ha invitado a la cumbre BRICS, pero que asegura que no abandonará el Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal que le obliga a detener al líder ruso en cuanto pise su territorio. El Kremlin mantiene que la orden de arresto tiene «nulo» valor jurídico e insiste en que mantendrá consultas con las autoridades sudafricanas antes de tomar una decisión. El pasado 4 de mayo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reclamó la creación de un tribunal especial «para castigar los crímenes de la agresión rusa» durante una visita al CPI en La Haya.