El Gobierno argentino denunció este miércoles a un grupo de empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios públicos para que se investigue si integraron una trama de corrupción tras un supuesto viaje en avión privado hecho a la mansión del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia. Esta denuncia penal, que según informó la Presidencia argentina es por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y cobro de sobornos, se produce al día siguiente que la Justicia dictara una sentencia de seis años de prisión por corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández.
Por instrucción del presidente argentino, Alberto Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche por los hechos presuntamente ocurridos en semana del 13 de octubre pasado cuando los funcionarios denunciados compartieron supuestamente un avión privado a Bariloche (provincia patagónica de Río Negro) «con financiamiento desconocido».
El escrito plantea que «en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados», se estaría «ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas».
La denuncia argumenta que el escrito «responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial». Si bien la existencia de ese viaje había sido revelada en octubre pasado por el diario «Página/12», la polémica por la denuncia del presidente se encendió por la difusión en otros medios de filtraciones de mensajes telefónicos entre los presuntos viajeros, aparentemente acordando cómo evitar que la noticia del encuentro se difundiera en otros medios. La vicepresidenta, Cristina Fernández, se refirió a esta denuncia tras recibir el martes una condena por hechos de corrupción durante su etapa como presidenta (2007-2015), hechos que han tenido una importante repercusión también en España.
«Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial, y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos», dijo. La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, también inició una investigación al grupo de funcionarios judiciales por dádivas e incumplimiento de sus deberes de funcionario público, en una acción penal que incluye a los funcionarios de Buenos Aires y a los empresarios, al tomar medidas de prueba a partir de la denuncia de un abogado por los hechos trascendidos en la nota periodística en el diario Página/12.