La Comisión Europea intenta coordinar una postura común entre los países de la Unión Europea sobre cómo actuar ante los ciudadanos rusos que están huyendo del país tras la movilización decretada por el Kremlin, mientras insiste en la obligación que tienen de analizar individualmente las peticiones de asilo. «Seguimos muy de cerca la situación y hay contactos en curso con los Estados miembros», dijo este viernes el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, en la rueda de prensa diaria de la institución, pero insistió en que «en cualquier caso, hay un marco jurídico en materia de asilo que continúa estando en vigor».
Bruselas asegura que la situación en las fronteras exteriores de la UE es estable aunque está recabando información sobre cuántos rusos han intentado cruzarlas desde que el presidente Vladimir Putin decretase el miércoles la movilización de 300.000 hombres para combatir en Ucrania. En Finlandia entraron ayer 6.470 ciudadanos rusos, según informó hoy la Guardia de Fronteras del país, una cifra que a pesar de ser «más alta de lo normal», continúa estando en los niveles habituales del fin de semana.
Tampoco Estonia y Lituania han observado en los últimos días un incremento de ciudadanos rusos, según informaron a EFE fuentes de ambos países. La Agencia Europea de Fronteras ha aumentado ligeramente de 58 a 63 los guardacostas desplegados en el este de Europa. Hay que tener en cuenta que a raíz de la guerra los países bálticos y Polonia han dejado de emitir visados de turista a los ciudadanos rusos y Finlandia ha reducido los permisos a un diez por ciento, de tal manera que solo permiten la entrada bajo contadas excepciones, por ejemplo, por razones humanitarias. «Por razones de seguridad Letonia no emitirá visados humanitarios o de otro tipo a aquellos ciudadanos rusos que eviten la movilización», dijo el miércoles el ministro de Exteriores letón, Edgars Rinkevics, en su cuenta oficial de Twitter.
Alemania, en cambio, considera que sí «tiene que haber un camino» para que los objetores de conciencia y desertores rusos «puedan venir a Europa» y evitar la movilización decretada por el Kremlin, según dijo hoy un portavoz del Gobierno. Ante la falta de acuerdo, República Checa, que ostenta actualmente la presidencia rotatoria de UE, ha convocado a los embajadores a una reunión el próximo lunes para tratar de coordinar una postura común y la Comisión mantendrá otro encuentro el martes con representantes de los Veintisiete para abordar la situación.
Mientras tanto, Bruselas insistió en que las autoridades nacionales tienen la obligación de estudiar todas las peticiones de asilo que reciben, analizándolas caso por caso en base a cuestiones como si la vida de la persona estaría amenazada en el país de origen o si existen riesgos para la seguridad del país de acogida, entre otros factores. El análisis de los permisos se ha endurecido desde que los países de la UE suspendieron a principios de septiembre el acuerdo de facilitación de visados con Rusia, de tal manera que los rusos tienen que aportar más documentos para obtener el permiso de entrada, lo que ha encarecido el proceso hasta aproximadamente ochenta euros por persona.