El Tribunal Superior de Londres dictó este jueves que el rey emérito Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra tras su abdicación y por tanto puede proceder la demanda por acoso interpuesta en su contra por su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El juez Matthew Nicklin debía decidir si el anterior monarca puede ser juzgado en la jurisdicción inglesa, antes de evaluar la demanda de Sayn-Wittgenstein, que lo acusa de acoso, seguimiento ilegal y difamación desde la ruptura en 2012 de su relación, que entablaron en 2004.
«Mi decisión es que no se ha demostrado ninguna de las bases por las que se reclamó la inmunidad estatal. Por lo tanto, la demanda procederá», afirma el magistrado en su dictamen. Nicklin se ha pronunciado tras escuchar el pasado diciembre los argumentos de las partes. Los abogados del padre de Felipe VI defendieron su inocencia y sostuvieron que no podía ser procesado al ser miembro de la Familia Real española y ex jefe de Estado, por sus actos cometidos en parte cuando aún era rey de España. Los representantes de Corinna alegaron por su parte que, tras su abdicación el 18 de junio de 2014, don Juan Carlos ya no está protegido por la inmunidad que se confiere a los jefes de Estado al amparo de la legislación británica. El juez resolvió que el emérito «ya no es soberano o jefe de Estado» ni tampoco forma parte de la Casa Real de Felipe VI --aunque sea miembro de la familia--, lo que le hubiera dado el derecho a la inmunidad.
En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.
En España, La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó el 1 de marzo las diligencias de investigación que tenía abiertas al rey Juan Carlos I. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dio carpetazo a los relativos a las diligencias que el ministerio público mantenía abiertas: una por el presunto cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales. Este fallo llega seis días antes de que el 29 de marzo los reyes Felipe VI y Letizia asistan en la Abadía de Westminster de Londres al funeral en memoria del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, marido de Isabel II, fallecido el 9 de abril de 2021 a los 99 años.
Respeto desde el Gobierno
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado este jueves que el Gobierno respeta la decisión que ha adoptado la justicia británica de no aceptar la inmunidad del rey emérito, Juan Carlos I, a la vez que ha recordado que los asuntos que tenía pendientes en España han sido archivados por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Llop ha hecho estas declaraciones en Gijón (Asturias) después de que el Tribunal Superior de Londres haya dictado este jueves que Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en el Reino Unido tras su abdicación y por tanto procede la demanda por acoso interpuesta en su contra por Corinna Larsenn.
La ministra ha afirmado que el Ejecutivo central respeta las decisiones que adoptan los sistemas judiciales extranjeros en el ámbito de sus propios procedimientos judiciales y procesales, y que la decisión en materia de estrategia de defensa que tenga que adoptar el rey emérito la tendrá que anunciar su propia defensa. Los asuntos que tenía pendientes en España han sido archivados por la fiscalía, ha recordado Llop, que ha indicado que el Gobierno también respeta las decisiones del Ministerio Público. Preguntada por la muerte del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, Llop ha afirmado que protagonizó "uno de los asuntos más graves de corrupción que se vivieron en España en los años 90" que soliviantó a toda la ciudadanía, en un caso por el que fue condenado por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. La ministra ha afirmado que en la actualidad el gobierno tiene un "serio compromiso" de lucha contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática y las instituciones limpias, algo que en el caso del Ministerio que encabeza se plasma en la elevación al Consejo de Ministros de la transposición de la directiva europea que protege al informante de corrupción. Esta transposición permitirá abrir cauces de denuncia y adoptar medidas de protección de los denunciantes y contempla la creación de una nueva oficina de denuncias.