La oposición, activistas y organizaciones internacionales han denunciado este lunes un despliegue policial «masivo», «detenciones» y casas «sitiadas» que han impedido que se desarrollen las movilizaciones previstas para este lunes contra el Gobierno de Cuba, que semanas atrás avisó a los organizadores de las consecuencias legales a las que se enfrentarían si alentaban unas protestas no autorizadas. La plataforma opositora Archipiélago ha informado, en su perfil de Facebook, de arrestos y presiones contra quienes tenían previsto participar en la Marcha Cívica por el Cambio y ha aseverado que este «hostigamiento» es parte de las acciones de «acoso policial e intimidación» que «las fuerzas represivas están ejerciendo sobre quienes declararon su decisión de participar en la marcha del 15 de noviembre».
El grupo también ha dado por desaparecidos a su moderador, Adrián Nápoles Capote, después de que su familia no haya logrado ponerse en contacto con él, y a su moderadora Daniela Roja, quien no ha dado señales «de vida» desde hace «72 horas». Archipiélago ha denunciado también supuestas presiones a las puertas de los domicilios de algunos opositores para que no puedan acudir a las movilizaciones convocadas.
Un día antes fue el dramaturgo Yunior García, líder de Archipiélago, quien ya tuvo que suspender una caminata en solitario por las calles de La Habana tras denunciar haber sufrido un «bloqueo cruel, ilegal e inhumano» por parte de agentes del Estado y partidarios del Gobierno. La opositora Martha Beatriz Roque ha alertado, a través de sus redes sociales, también de los arrestos de la líder de la asociación de Las Damas de Blanco, Berta Soler, y su pareja, Ángel Moya, cuando salían para acudir a las marchas; mientras, el Movimiento San Isidro ha avisado de la detención del vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, Manuel Cuesta.
Otros tantos opositores, periodistas independientes o activistas cubanos han sido también arrestados este lunes cuando han intentado salir de sus domicilios en distintos municipios del país, si bien en La Habana es donde se han desplegado más agentes, recoge el medio Radio Televisión Martí. El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ha señalado también la detención de la restauradora de arte Carolina Barrero cuando salía de su vivienda y ha recordado que este año su casa «ha estado sitiada por las fuerzas de seguridad de forma prácticamente constante».
«Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva», ha advertido también Vivanco, quien, a través de su perfil de Twitter, ha apuntado también a que «muchos periodistas y críticos están sitiado en sus casas».
Actos de repudio
El director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxys Cires, ha denunciado, por su parte, que el Gobierno ha buscado limitar la libertad de expresión con «detenciones domiciliarias de los activistas, detenciones en la calle, para llevarlos luego a comisarías, también amenazas, cortes de Internet y algo que es abominable (...), los actos de repudio: cuando las turbas progobierno se concentran frente a la casa de los activistas para gritar improperios y burlas».
«También queremos denunciar la amenaza por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba contra varios sacerdotes que habían manifestado su intención de salir a manifestarse», ha agregado, en una entrevista con la revista 'Expediente Público', para llamar a la comunidad internacional a condenar la «represión».
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, ha indicado, en una entrevista con Radio Televisión Martí, que la jornada ha sido «exitosa» pese a que las represión ha evitado que la gente «tome las calles», el «miedo que tiene el Gobierno no deja más que una claridad: que hoy el Gobierno se siente amenazado por las expresiones ciudadanas». Hace un par de semanas, el Gobierno del presidente, Miguel Díaz-Canel, no dio el visto bueno a estas protestas al considerar que estaban financiadas por potencias extranjeras con el claro fin de desestabilizar el orden constitucional, algo que lo ha sido negado por quienes las convocan, defendiendo su carácter cívico y pacífico.
Así, mientras el despliegue de las fuerzas de seguridad ha sofocado las protestas y dejado imágenes de «calles vacías», según recogen medios cubanos opositores, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha celebrado que se ha vivido una jornada «tranquila» en la isla, pese a las «otras expectativas» que «crearon fuera de Cuba» y que «no se cumplieron». «Se quedaron vestidos para aquella fiesta», ha dicho el ministro, en una rueda de prensa recogida por el portal Cubadebate, en referencia a las convocadas movilizaciones que finalmente no han podido celebrarse y seguir la estela de las históricas protestas del pasado 11 de julio, una jornada en la que se denunció también la respuesta represiva del Gobierno.