Un informe elaborado por el lord independiente Christopher Geidt y publicado este viernes exime al primer ministro británico, Boris Johnson, de haber roto el código ministerial al haber dado luz verde a una polémica reforma de su residencia oficial de Downing Street.
Geidt, designado por Johnson en abril como consejero del Gobierno sobre estándares ministeriales, considera que el mandatario conservador no sabía quién costearía los trabajos de decoración, cuyas primeras facturas fueron asumidas por el Partido Conservador y por el lord «tory» David Brownlow.
El consejero independiente estima que esa actitud fue «imprudente», pero no constituye una infracción, y subraya que tanto figuras políticas como funcionarios han corroborado que «en ningún momento», hasta que la polémica saltó a la prensa, «se hizo saber al primer ministro ni el hecho de que se habían pagado los costes de reformar el apartamento ni el método».
Un portavoz de Johnson declaró por su parte a los medios que el informe «muestra que el primer ministro actuó de acuerdo al código ministerial en todo momento».
El jefe de Gobierno cuenta con un presupuesto anual asignado de 30.000 libras anuales (34.900 euros) para mejorar su vivienda oficial, en este caso el número 11 de Downing Street, un apartamento de mayores dimensiones que el número 10 de la misma calle y que diversos de los últimos primeros ministros británicos han utilizado como residencia.
Los medios han especulado con que las facturas de la reforma que autorizó Johnson, que vive con su prometida Carrie Symonds, alcanzaron las 200.000 libras (232.000 euros).
En el mismo informe, Geidt alerta de que el titular de Sanidad, Matt Hancock, sí cometió una «infracción técnica leve» del código ministerial por no haber declarado su participación del 20 % en una empresa gestionada por su hermana que recibió un contrato de la sanidad pública.
Topwood Ltd. fue aprobada como proveedora por el sistema público de Inglaterra y logró un contrato valorado en 300.000 libras (349.000 euros) con el sistema sanitario galés.
Hancock incluyó en marzo de este año su participación en la compañía en el registro de propiedades que debe cumplimentar como diputado, si bien las relaciones de la firma con la sanidad pública se remontaban a 2019, un año después de haber asumido la cartera ministerial.
Geidt afirma en su informe que la información que ha recibido sobre el caso no apunta a un «conflicto de intereses» y considera que si no declaró antes su participación en la empresa fue por «falta de conocimiento» y no fue una omisión «en ningún modo deliberada».
Las conclusiones se han publicado en un momento en el que el ministro de Sanidad se defiende de las acusaciones de haber mentido sobre la gestión de la pandemia que lanzó sobre él esta semana el exasesor del Gobierno Dominic Cummings.