El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha enviado a la Asamblea de la República la propuesta para imponer el estado de emergencia, que entrará en vigor el 9 de noviembre y tendrá un periodo inicial de validez de 15 días, con vistas a que se puedan imponer nuevas restricciones de movilidad para contener la pandemia de coronavirus.
Portugal se encuentra actualmente en estado de calamidad, el segundo nivel más alto dentro de las medidas excepcionales contempladas en la Constitución lusa. Sin embargo, el Gobierno de António Costa había solicitado expresamente ampliar el margen de actuación al albor del empeoramiento de los datos de contagiados y fallecidos por la COVID-19.
El decreto, que está pendiente del visto bueno parlamentario, plantea un estado de emergencia «de ámbito muy limitado y de efectos largamente preventivos», según la nota de la Presidencia. Rebelo de Sousa considera que la evolución de la pandemia hace necesario reforzar la «seguridad jurídica» de las medidas que puedan adoptarse.
Entre las posibles medidas figuran «restricciones de circulación» en las zonas con mayor prevalencia del virus, así como la movilización de las Fuerzas Armadas o que se pueda recurrir a la sanidad privada reforzar al sistema nacional de salud, expone la jefatura de Estado.
Las autoridades sanitarias lusas han notificado este jueves 4.410 nuevos casos en 24 horas, lo que eleva el balance provisional de positivos hasta los 161.350, de los cuales 67.157 están considerados casos activos.
Al menos 2.740 personas han fallecido por la COVID-19, 46 más que el miércoles, mientras que el dato de enfermos ingresados sigue aumentando y ya está en 2.362, una cifra sin precedentes desde el inicio de la pandemia. Unos 320 de estos pacientes están internados en unidades de cuidados intensivos.