El exdirector de Pemex Emilio Lozoya llegó este viernes a México para responder ante un juez las acusaciones de varios casos de corrupción que amenazan con salpicar directamente a varios miembros del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En un vuelo especial de la Fiscalía General de la República (FGR) custodiado por agentes de la Interpol, el extitular de la empresa pública Pemex (2012-2016) llegó a Ciudad de México desde Madrid en la madrugada del viernes tras ser extraditado por las autoridades españolas.
Lozoya debía este mismo viernes prestar declaración ante un juez en el Reclusorio Norte de la capital, donde seguiría encarcelado.
No obstante, tras una revisión médica, se le detectó anemia, problemas en el esófago y una «debilidad general» -según la FGR- por lo que fue trasladado a un hospital, posponiéndose su comparecencia ante la justicia.
Se espera que en calidad de «testigo colaborador», como dijo este mismo viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, Lozoya destape múltiples casos de fraudes y corrupción.
Su caso está en el centro de la batalla anticorrupción del presidente mexicano y especialmente contra la sucesión de ilegalidades presuntamente cometidas por el gobierno de Peña Nieto.
Lozoya, un economista con vasta experiencia internacional y miembro de una familia con profundos lazos con el poder en México, fue detenido el 12 de febrero en Málaga (España).
Tras meses prófugo y en paradero desconocido, fue ubicado en un refugio para millonarios en la turística Costa del Sol.
Las expectativas de sentar ante un juez a este ex alto funcionario vienen azuzadas por el propio López Obrador para demostrar la corrupción del anterior Gobierno.
Lozoya está acusado de un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
«Esta extradición voluntaria va a ayudar mucho para ir purificando la vida pública, limpiando de corrupción el país», afirmó este jueves el presidente en su conferencia matutina.
López Obrador confía en que los trapos sucios de Lozoya permitirán destapar los supuestas artimañas que habrían llevado al peñanietismo a instrumentar reformas estructurales como la energética, que abrió el sector a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.
«Va a hablar de Odebrecht y de otro tipo de ilícitos. Va a ser algo interesante, importante», apuntó el mandatario. Además de este escándalo de raíces brasileñas, Lozoya enfrentará en México acusaciones por lavado de dinero, asociación delictiva y cohecho.
Son delitos derivados de la transferencia de unos 12,5 millones de dólares de Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA) -cuyo directivo Alonso Ancira, conocido como «el rey del acero», también fue detenido en España- a cuentas en Suiza ligadas a Lozoya.
Lozoya tiene, al parecer, en sus manos grabaciones de supuestos sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética. Es por ello que con su regreso parece estrecharse el cerco sobre Peña Nieto y su círculo más cercano.
En agosto pasado, la exsecretaria de Desarrollo Social de México Rosario Robles se convirtió en la primera integrante del gabinete de Peña Nieto en declarar ante un juez por corrupción.
Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes de México, murió en abril pasado a los 70 años antes de que se le pudiera investigar por supuesto lavado de dinero.
En una reciente entrevista con Efe, el titular de la Unidad, Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Peña Nieto y aseguró que el expresidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen.
No obstante, López Obrador ha aclarado en varias ocasiones que solo lo investigará si los mexicanos lo decidían en una consulta ciudadana. «El enjuiciamiento de Enrique Peña será viable siempre y cuando le dé rendimiento político al actual presidente», dijo este viernes a EFE el coordinador de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Khemvirg Puente.
Para el experto, este juicio también puede destapar el papel clave -y sus posibles desmanes- del exministro de Hacienda y Exteriores Luis Videgaray, mano derecha de Peña Nieto.
En las últimas horas importantes figuras políticas han opinado sobre la llegada de Lozoya.
Provocará un «temblor político» que sacudirá el país, dijo Ricardo Monreal, líder en el Senado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El actuar gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, hoy de la formación Morena pero antes senador por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró no tener estrechos lazos con Lozoya.
Pero otro miembro de Morena, el senador suplente Alejandro Rosas Díaz Durán, publicó una fotografía de Barbosa sonriente junto a Lozoya y otros altos funcionarios del Ejecutivo anterior. «Barbosa es un corrupto. Se hizo millonario con Enrique Peña Nieto al votar a favor de casi todas las reformas», dijo.
Xóchitl Gálvez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), esperó que Lozoya «diga lo que tiene que decir» pero sin buscar deliberadamente «enlodar» a políticos de su partido.
El retorno de Lozoya ha generado enorme expectación en el país: «El chivo a sacrificar», «pirotecnia, justicia y política», «caso Lozoya. ¿Bomba pareja o selectiva?», opinaron columnistas de los principales medios del país.
«Podemos esperar escándalo, mucho ruido pero no necesariamente justicia. El gobierno puede usarlo para distraer la atención y reivindicar su gestión», dijo Puente, quien consideró que a López Obrador este caso le va «como anillo al dedo» para enarbolar una vez más la bandera anticorrupción.
Más allá de los resultados de este juicio, las acusaciones contra Lozoya pueden enterrar definitivamente la muy maltrecha figura de Peña Nieto y de su Gobierno.