Un juez de instrucción belga dejó este jueves en libertad sin fianza, pero con medidas cautelares, a los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña huidos en Bélgica Toni Comín y Lluís Puig, reclamados por el Tribunal Supremo por su presunta responsabilidad en el referéndum ilegal del 1-O.
Tras la comparecencia en la Fiscalía no se ha fijado fecha para la vista en un juzgado de primera instancia en la Cámara del Consejo de Bruselas, según manifestaron a la salida de la Fiscalía de Bruselas los políticos independentistas y sus abogados.
Como medidas cautelares el juez de instrucción les ha exigido que declaren una residencia fija, que estén a disposición de las autoridades judiciales y que no salgan del territorio belga.
Simon Bekaert, uno de los letrados, explicó que el juez de instrucción deberá ahora decidir si las euroórdenes contra Comín (reclamado por sedición y malversación) y Puig (solicitado solo por malversación) pueden integrarse junto con la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuya euroorden por sedición y malversación fue cursada dos semanas antes que las de sus exconsejeros y cuya vista está fijada el próximo 16 de diciembre.
«Por ahora no sabemos ni siquiera la fecha de nuestra comparecencia ante la Cámara del Consejo», declaró Comín, quien explicó que ante el juez de instrucción ha alegado que tiene «inmunidad como eurodiputado».
Al igual que ocurrió en la declaración de Puigdemont, los abogados de Comín y Puig han argumentado que Comín estaría amparado por inmunidad parlamentaria como eurodiputado electo tras las elecciones del pasado 26 de mayo, extremo que rechazan el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y España.
La ley electoral española exige que los europarlamentarios electos se personen en Madrid para prometer acatar la Constitución y retirar su acta para ser proclamados como miembros del Parlamento Europeo, pero el caso está pendiente de resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Esta línea argumental no afecta a la defensa de Puig, ya que no concurrió en ninguna lista a las elecciones europeas del pasado 26 de mayo.
Preguntados por las declaraciones del presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, en el debate electoral del pasado lunes en las que se comprometió a traer a Puigdemont de vuelta a España, y que después matizó señalando que el Gobierno apoya a la Fiscalía en sus trámites, los dos exconsejeros señalaron que utilizarán esos comentarios como parte de su defensa en Bélgica.
«Nuestra defensa, que siempre ha incorporado como una de las líneas principales la falta de garantías de un juicio justo e imparcial, aprovechará todos los hechos nuevos que confirman esa línea argumental», declaró Comín.
Los exconsejeros también se refirieron, a preguntas de la prensa, sobre la declaración de uno de los CDR detenidos el pasado 23 de septiembre y que forma parte del sumario del caso en el que están acusados por terrorismo por la presunta preparación de actos de sabotaje.
Uno de los CDR encarcelados declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que el grupo planeaba encerrarse en el Parlament al menos cinco días, en los que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, «iba a declarar la independencia», un proyecto que, según la declaración, venía «de presidencia».
«Nos parece igual de inverosímil que muchas de las cosas que se han estado diciendo en muchos atestados y sumarios en estos años de instrucción en los que hemos visto auténticas falsedades (...). Nosotros no hemos tenido ninguna relación con los CDR y pongo la mano en el fuego que el presidente Puigdemont y el presidente Torra tampoco», dijo Comín.
Puig, por su parte, ironizó sobre el hecho de que Bélgica sea «un país donde los dibujos animados y los cómics están muy bien hechos». «La ciencia ficción es un género de la literatura que está muy bien tratado aquí», dijo.
Una vez el juez de instrucción decida sobre si reagrupa o no las tres euroórdenes, el procedimiento continuará en un juzgado de primera instancia en la Cámara del Consejo de Bruselas, que podrá ser recurrido por las partes -Fiscalía y reclamados- en Apelación y Casación.
El plazo normal para resolver el dossier es de 60 días, que pueden extenderse hasta 90 e incluso más allá en casos excepcionales.