La Justicia brasileña ordenó este miércoles la transferencia del expresidente del país Luiz Inácio Lula da Silva desde Curitiba, donde cumple una pena de prisión por corrupción y lavado de dinero, a un «establecimiento» de Sao Paulo, aunque el mismo todavía no fue definido.
Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, se encuentra desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde purga una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por su implicación en la trama de corrupción de la Lava Jato.
En el auto, la magistrada subrayó «la plena pertinencia de la transferencia» a Sao Paulo y recordó que «no hay razones» para mantener el cumplimiento de la pena «en un lugar distante del núcleo familiar y social».
El traslado fue solicitado por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido a la prisión de Lula, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma «permanente» para evitar enfrentamientos entre «grupos antagónicos».
La defensa del expresidente, sin embargo, pidió que cualquier decisión judicial aguarde el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un hábeas corpus solicitado por los abogados, dijeron a Efe fuentes del Instituto Lula.
El exmandatario fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de dar por comprobado que Lula recibió un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera a 8 años y 10 meses.
Sobre Lula pesa otra condena a 12 años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en segunda.
Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.
El antiguo líder sindical, acorralado por diversas causas judiciales, se declara víctima de una persecución judicial que tiene como objetivo apartarle de la escena política y que le dejó fuera de las elecciones presidenciales de octubre, que ganó el ultraderechista Bolsonaro.