El Papa Francisco ha publicado tres documentos para prevenir, combatir y procesar judicialmente a quienes cometan abusos sexuales contra menores en el territorio del Vaticano y en otras dependencias pontificias alrededor del mundo, como las nunciaturas, en los que establece la obligación de denuncia inmediata cuando se tenga noticia del abuso bajo pena de multa o cárcel y la ampliación de la prescripción de estos delitos hasta que la víctima cumpla los 38 años.
En concreto, las nuevas normas establecen que «a menos que el hecho constituya un delito más grave, el funcionario público (del Vaticano) que omita o demore indebidamente la denuncia (de un caso de abusos a un menor) será castigado con una multa que oscilará entre mil euros y cinco mil euros» y añade que «si el delito es cometido por un agente u oficial de la policía judicial, el castigo es de hasta seis meses de cárcel».
Para el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Antonio Viana, con estas nuevas normas para la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco da «un paso adelante por razón de ejemplaridad». Hay que diferenciar la Ciudad del Vaticano como Estado con su propia legislación civil, de la Santa Sede con su legislación que rige sobre toda la Iglesia universal.
En concreto, Viana ha explicado, que en la legislación de la Iglesia Católica --a diferencia de estas nuevas normas que aplican al Estado del Vaticano--, no se prevé el caso específico de sanción por abusos a menores sino que la legislación del Código de Derecho Canónico de 1983 se refiere de forma genérica al tipo de «abuso de oficio» o «falta de cumplimiento de las obligaciones del oficio».
«En cambio aquí (en la nueva legislación para la Ciudad del Vaticano) ya se da un paso más pues ya hay obligación de denunciar o sanción en caso contrario», ha puntualizado Viana.
Además, según precisa el experto, con la ampliación del plazo para la prescripción de los delitos de abusos a menores hasta que la víctima cumpla 38 años, la legislación de la Ciudad del Vaticano se iguala a la legislación de la Santa Sede, ya que en la Iglesia, el plazo ya era este mismo desde el año 2010, cuando Benedicto XVI aprobó unas nuevas normas para delitos graves.
En estas normas de 2010 ya se contemplaba que un delito grave puede perseguirse hasta 20 años después de que la víctima cumpla 18, y va más allá pues contempla la posibilidad de que la Congregación para la Doctrina de la Fe derogue este plazo.
ADULTOS VULNERABLES
Las nuevas normas dictadas por el Papa para la Ciudad del Vaticano también amplían la categoría de adultos vulnerables, cuyos casos deben ser tratados como los de los menores: «toda persona en estado de enfermedad, deficiencia física o mental o privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite la capacidad de comprender o de querer o de resistirse a quien le ofende». También obliga a perseguir de oficio otros abusos contra menores, como el maltrato.
«Estos actos refuerzan la protección de menores a través de la potenciación del cuadro normativo. El Santo Padre desea que, también gracias a estas normas que conciernen al Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana, madure en todos la conciencia que la Iglesia deba ser cada vez más una casa segura para los niños y las personas vulnerables», ha informado el director de la oficina de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti.
De este modo, con esta nueva legislación, que entrará en vigor el 1 de junio, con la que se reforma el Código Penal conocido como Zanardelli de 1889, el Papa impone una sanción para quienes omitan o retrasen la denuncia de casos de abusos a menores o personas vulnerables, excepto en casos de secreto de confesión. Asimismo, cualquiera que sea encontrado culpable de abuso será «destituido de su cargo» en el Vaticano. En todo caso, si es un sacerdote, todas las normas canónicas ya en vigor toman el relevo.
Otra de las innovaciones más significativas del texto radica en que, a partir de ahora todos los delitos relacionados con el abuso de menores, no sólo los de carácter sexual, sino también, por ejemplo, el maltrato, serán «perseguibles de oficio», es decir, incluso en ausencia de un informe de oficio.
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS
Otra novedad importante es la creación por el Governatorato, dentro de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, de un servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos, que será coordinado por un experto cualificado. Por lo tanto, las víctimas tendrán a alguien a quien recurrir en busca de ayuda, para recibir asistencia médica y psicológica, para que conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos respetar.
Novedad también en lo que respecta a la selección y reclutamiento de personal del Governatorato y la Curia Romana: se debe determinar la idoneidad del candidato para interactuar con menores.
Estas leyes serán aplicables a todos aquellos que trabajen en el Estado del Vaticano y por extensión en la Curia Romana, pero también entre el personal diplomático al servicio de las nunciaturas. Además las directrices pastorales se dirigen a los sacerdotes, diáconos y educadores del Preseminario San Pío X, a los cánones, párrocos y coadjutores de las dos parroquias, a los religiosos y religiosas que residen en el Vaticano, así como a «todos aquellos que trabajan en cualquier cargo, individual o asociado, dentro de la comunidad eclesial del Vicariato de la Ciudad del Vaticano».
SIEMPRE VISIBLES AL PÚBLICO CON MENORES
También se especifica que estas personas deben estar siempre en lugar visible al público cuando estén en presencia de menores y que está estrictamente prohibido «establecer una relación preferencial con un solo menor, dirigirse a un menor de forma ofensiva o adoptar conductas inapropiadas o sexualmente alusivas, pedir a un menor que guarde un secreto, fotografiar o filmar a un menor de edad sin el consentimiento escrito de sus padres.
Para Gisotti la publicación de estos tres documentos es de «gran importancia» porque «responden a la exigencia de pasos concretos manifestada por el Pueblo de Dios en el enfrentar la plaga de los abusos a menores».
Por su parte, en un artículo el director editorial de la oficina de comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, ha declarado que la nueva ley vigente en el Estado de la Ciudad del Vaticano y las dos líneas guía pastorales son fruto de la cumbre antipederastia que reunió a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales a finales de febrero.
«Se trata de leyes, normas e indicaciones muy específicas sobre todo para los destinatarios. Se restringe sólo al Estado del Vaticano donde trabaja un gran número de sacerdotes y religiosos pero hay muy pocos niños», ha reconocido Tornielli.
El pontífice firma los tres documentos, aunque su firma era indispensable solo en el Motu proprio. Francisco expresa en este documento papal que «madure en todos la consciencia del deber de señalar los abusos a las Autoridades competentes y de cooperar con ellas en la actividad de prevención y contraste».
Para Tornielli aunque estas leyes han sido pensadas para una realidad «única en el mundo» donde la «máxima autoridad religiosa es también el legislador», contienen «consideraciones ejemplares» que son coherentes con los parámetros internacionales «más avanzados» en materia de protección de menores.