La Contraloría General de la República (CGR) de Venezuela ha inhabilitado al autoproclamado «presidente encargado», Juan Guaidó, para ejercer cualquier cargo público durante 15 años, lo que le impediría competir en unas elecciones anticipadas, si finalmente se convocan para resolver la crisis política que sufre el país.
El contralor general, Elvis Amoroso, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la decisión se basa en una «auditoria patrimonial» iniciada el pasado 11 de febrero contra Guaidó «por ocultar información en su declaración» y, en concreto, por «recibir fondos no declarados desde el exterior».
«La oficina encargada de los registros migratorios de Venezuela reveló que el diputado Juan Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjero por un costo superior a los 300 millones de bolívares, donde no hay registros de los recursos que utilizó», ha indicado, según informa Noticias 24.
Amoroso ha determinado que Guaidó «ha cometido acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio público», lo que «faculta imponer sanciones de inhabilitación a funcionarios públicos». «Se resuelve inhabilitar de cualquier cargo al ciudadano Juan Guaidó», ha dictaminado.
Mientras tanto, la misión de EE UU en la Organización de Estados Americanos (OEA) está manteniendo consultas con otros países para impulsar una resolución que reconozca como embajador de Venezuela a Gustavo Tarre, designado por el líder opositor Juan Guaidó, indicaron fuentes diplomáticas.
La votación de esa resolución podría producirse como pronto la semana próxima, coincidiendo con que el 1 de abril la misión de EE UU asume la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA, lo que le otorga mayor capacidad de decidir qué proyectos se someten a voto, precisaron las citadas fuentes.
La delegación estadounidense en la OEA, liderada por el embajador Carlos Trujillo, asegura tener los 18 votos necesarios para aprobar dicha resolución, gracias al respaldo de cinco naciones caribeñas que tradicionalmente han apoyado al presidente venezolano, Nicolás Maduro (Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana).
El apoyo a Washington es el resultado directo, según las fuentes, de la reunión entre el presidente de EE UU, Donald Trump, y los gobernantes de esos cinco países caribeños, que se produjo la semana pasada en Mar-a-Lago, el club del mandatario en el sur del estado de Florida.
Tras esa cita, la OPIC, el organismo financiero de desarrollo de EE UU , anunció que en 2019 dará un «estatus prioritario» a Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana y que, además, en enviará en los próximos 90 días una «delegación de alto nivel» a esos países, explicó entonces la Casa Blanca.
La idea de Washington es impulsar una resolución para incrementar la presión sobre Maduro y legitimar a nivel internacional a Guaidó, que como jefe del Parlamento se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero y ha sido reconocido como tal por 54 naciones, incluido EE UU.
La OEA aprobó en enero una resolución en la que no reconocía la legitimidad como mandatario de Maduro, que volvió a tomar posesión de su cargo el día 10 de ese mes como resultado de unas elecciones celebradas en mayo de 2018, cuestionadas por parte de la comunidad internacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la mayor parte de los países del organismo reconocen como presidente legítimo de Venezuela a Guaidó.