Al menos 72 personas han muerto este viernes en Birmania (Myanmar) en un asalto armado de insurgentes de la minoría musulmana rohinyá contra comisarias, puestos militares y cuarteles en el conflictivo estado de Rakhine, en el oeste del país.
Los muertos son 59 rebeldes, 11 policías, un soldado y un funcionario, según los últimos datos de las Fuerzas Armadas, que incluyen a 11 heridos, tres de ellos graves, y a un detenido.
El Gobierno elevó de 150 a un millar el número de rebeldes que participaron en el ataque que tuvo lugar esta madrugada en varios puntos del municipio de Maungdaw, cerca de la frontera con Bangladesh.
El Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), al que se atribuye otra acción similar el 9 de octubre de 2016, ha reivindicado la acción armada.
El asalto tuvo lugar un día después de que una comisión liderada por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan presentara a la prensa un informe con recomendaciones para poner fin a la violencia sectaria en Rakhine y promover el desarrollo de la región.
Los insurgentes justificaron el ataque por la necesidad de defenderse de los abusos que padece la población civil rohinyá a manos del Ejército, desplegado en la zona desde el asalto de octubre y acusado por varias organizaciones de cometer múltiples abusos.
«Este es un paso legítimo que hemos tomado para defender al pueblo mas perseguido del mundo y liberar a los oprimidos de las manos de los opresores», dijo el ARSA en un tuit.
En un comunicado, ARSA acusó al Ejército de cometer al menos doce asesinatos, saqueos y violación de mujeres en Rathedaung y Maungdaw en las últimas semanas con el objetivo de provocar un conflicto y hacer fracasar el trabajo de la comisión de Annan.
«Cuando las atrocidades contra gente inocente van más allá de lo que podemos tolerar, y estando a punto de lanzar un ataque contra nosotros, nos hemos visto obligados a levantarnos y defender a la gente desesperada y a nosotros mismos», indicó el ARSA en el citado comunicado.
Más de un millón de rohinyás viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, sino que los considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.
Por su parte, Annan condenó los ataques de esta madrugada y dijo que suponen una «preocupante escalada de la violencia».
«Ninguna causa puede justificar tal brutalidad y muertes sin sentido», manifestó Annan en un comunicado en el que pidió contención a las fuerzas de seguridad e instó a todas las partes a rechazar la violencia.
«Después de años de inseguridad e inestabilidad, debería estar claro que la violencia no es la solución a los retos que afronta el estado de Rakhine», añadió el diplomático.
Esta condena contra el uso de la fuerza como solución también está recogida en el informe que Annan entregó al Gobierno el miércoles y que incluye 88 recomendaciones para, entre otros objetivos, resolver la falta de ciudadanía de los rohinyás y favorecer el diálogo entre comunidades.
El documento también instaba a las autoridades a evitar una respuesta «puramente de seguridad» ante las tensiones entre la mayoría budista y la minoría musulmana.
La elaboración del documento, encargado hace un año, se vio alterada por el asalto de octubre y la represalia del Ejército birmano, cuya campaña llevó a 74.000 rohinyás a huir a Bangladesh y a una agencia de la ONU a denunciar posibles crímenes contra la humanidad.