El Parlamento egipcio aprobó este martes por unanimidad el estado de emergencia, que ha estado vigente en el país 83 de los últimos 103 años y que, según expertos, significará un nuevo revés para su castigada economía, aunque no supondrá grandes cambios con respecto a las restricciones a las libertades.
La nueva ley dará amplios poderes a las fuerzas de seguridad y al presidente Abdelfatah al Sisi, pero en la práctica «ya estaban haciendo lo que querían», según dijo Nathan Brown, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington.
«Esto puede ser un mensaje para el público de que el régimen está decidido (a actuar) y, para los aparatos del Estado, en especial para el judicial, de que no se interpongan», afirmó el experto en cuestiones legales de Egipto.
Las nuevas restricciones tan solo suponen una vuelta de tuerca a las que fueron introducidas en 2015 con la ley antiterrorista, que permite a las autoridades interceptar cualquier comunicación y aplicar la censura, y que creó salas especiales dentro de los tribunales convencionales para juzgar a los terroristas.
Esa ley también concedió inmunidad jurídica a las fuerzas de seguridad y endureció las penas por terrorismo, lo que incluye la condena a la horca para los responsables de estas bandas.
De una opinión similar es el analista económico egipcio del centro de estudios Carnegie, Amr Adli, que también considera que las autoridades no se encuentran muy limitadas por las actuales leyes.
Desde el punto de vista económico, Adli sostiene que la declaración del estado de emergencia «es un mensaje negativo para los inversores porque muestra que hay una inestabilidad política y de seguridad, en un momento en el que el Gobierno propagaba que la situación era estable».
Según el analista, lo ocurrido afectará, al menos a corto plazo, al turismo, otra de las principales fuentes de divisas de la maltrecha economía egipcia, además de los ingresos del canal de Suez, que han bajado en los últimos tiempos.
El experto consideró que hay que esperar y ver si la situación se estabiliza o si, por el contrario, las autoridades deciden ampliar otros tres meses las medidas excepcionales, el límite permitido por la Constitución de 2014.
A pesar de ese límite, el Parlamento puede extender el estado de emergencia sine díe aprobando una nueva ley inmediatamente después del vencimiento del anterior periodo.
Eso ya se hace en la provincia del Norte del Sinaí (noreste), donde se ha aplicado el estado de emergencia desde 2014 con el objetivo de combatir a la rama egipcia del grupo terrorista Estado Islámico (EI), que tiene su base en esa zona pero opera también en otras partes del territorio.
El diputado Hasan Mosa opinó en un comunicado que la extensión de las medidas de excepción a todo el país «contribuirá a erradicar el terrorismo».
También «acelerará» los juicios por terrorismo, entre ellos a los responsables de los atentados de las iglesias de Tanta y Alejandría, porque permitirá establecer cortes especiales en las que los reos carecen de derecho de apelación.
La ley de emergencia también recoge la posibilidad de establecer un toque de queda o llevar a cabo detenciones sin orden judicial, lo que según varias ONG de derechos humanos abre la puerta a todo tipo de abusos.
La organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamamiento a evitar violaciones como las que, asegura, están ocurriendo en el Norte del Sinaí, que incluyen «desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias».
Desde 1914 Egipto ha experimentado breves periodos sin la aplicación de medidas de excepción -el más largo entre 1921 y 1939-, según datos de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos, que denunció que estas no contribuirán a conseguir la seguridad ni eliminar el terrorismo, sino a suprimir aún más las libertades.
El expresidente Hosni Mubarak mantuvo el estado de emergencia durante las tres décadas que estuvo en el poder (1981-2011) y este finalmente fue revocado en 2012, siendo una de las demandas de la revolución que destronó al dictador un año antes.
Al Sisi lo recuperó de forma temporal después del golpe de Estado de julio de 2013, que puso fin al corto Gobierno del presidente islamista Mohamed Mursi.