El Gobierno se saltó este miércoles, por tercera y última vez mediante un mecanismo constitucional, el voto de la Asamblea Nacional para adoptar de forma definitiva su polémico proyecto de ley de reforma laboral, que rechaza una parte minoritaria del Partido Socialista.
El primer ministro, Manuel Valls, recurrió al artículo 49.3 de la Constitución que permite evitar el voto pero abre las puertas a la presentación de una moción de censura en 24 horas, algo que no debería ocurrir puesto que la oposición de derechas no tiene intención de hacerlo y la izquierda rebelde no cuenta con un número suficiente de diputados.
El presidente de la Asamblea, Claude Bartolone, señaló que si no se formaliza esa moción de censura antes de mañana a las 16.30 locales (14.30 GMT), el proyecto de ley, que ha suscitado fuertes protestas en las calles, quedará definitivamente adoptado por el Parlamento.
Valls justificó la utilización por tercera vez con este proyecto de ley del artículo 49.3 con el argumento de que la reforma del mercado de trabajo es «una gran reforma de este quinquenio», y además «no hay mayoría alternativa».
«Este es un texto de progreso» que en primer lugar «da confianza a los trabajadores y a los empresarios», señaló el primer ministro socialista en referencia a uno de los aspectos más criticados de la reforma, la primacía de los acuerdos dentro de la empresa sobre los acuerdos sectoriales.
Los sindicatos que se han opuesto en la calle al proyecto de ley -y que han prometido que volverán a hacerlo a la vuelta de las vacaciones de verano- consideran que esa medida supondrá un mecanismo de presión para rebajar las condiciones laborales.
Valls defendió el proyecto de ley que lleva el nombre de su ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, también porque «rompe la rigidez de nuestro mercado de trabajo» y «da nuevos derechos a los trabajadores», en particular al permitir acumular puntos para acceder a formaciones, al margen de que se esté en una sola empresa o en varias.
El Ejecutivo no tenía la mayoría absoluta necesaria para pasar el trámite en última lectura en la Asamblea de este proyecto de ley, que fue el resultado de una concertación con los llamados «sindicatos reformistas», y en particular con la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), el segundo más importante del país y el primero en el sector privado.