El Senado de Brasil aprobó el jueves la apertura de un proceso de juicio político contra Dilma Rousseff, por lo que la presidenta izquierdista quedará suspendida de su cargo por 180 días.
Los senadores avalaron el inicio del proceso por 55 votos a favor y 22 en contra.
Con la suspensión de Rousseff, quien es acusada de violar leyes presupuestarias, el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), asumirá el poder de forma interina.
El proceso de 'impeachment' contra la presidenta Rousseff concluirá en un nuevo debate en el Senado y en una votación que será ya definitiva.
En nombre del Gobierno, el abogado defensor de la unión, José Eduardo Cardozo, ha defendido la actuación de Rousseff y ha preguntado «dónde está la mala fe» en este caso. Cardozo, que ha criticado el proceso tanto por su fondo como por su forma, ha lamentado que el Tribunal Supremo desoyese las peticiones de «nulidad» tras el cese del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
«Al consumarse el 'impeachment', Brasil se transformará en la mayor república bananera del planeta», ha apostillado durante su alegato, posterior al de todos los senadores.
El vicepresidente de la Cámara Alta, Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT), también ha señalado que «el Senado está escribiendo una de las páginas más tristes de sus 190 años». En su opinión, el trámite del Senado era «una mano con las cartas marcadas».
Los senadores opositores, por su parte, han aprovechado no sólo para referirse al actual proceso contra Rousseff, sino también para cuestionar toda la herencia del PT. El excandidato presidencial Aécio Neves, también con investigaciones pendientes, ha criticado una «irresponsabilidad fiscal» propia de «gobiernos populistas».
El debate parlamentario ha tenido su eco también en las calles de Brasil, divididas en los últimos meses entre partidarios y detractores.