El reciente acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y Turquía ha provocado reacciones en contra en diversos ámbitos.
Médicos del Mundo reclama a los estados miembro que dejen de jugar con la vida de las personas y se respete el derecho a la salud de todas ellas, dado que consideran que esta decisión supone anular el derecho internacional al asilo, que es individual y debe poder ejercerse sin presiones ni barreras, según un comunicado difundido por la organización.
Además desde la ONG indican que «es imprescindible asegurar que tanto migrantes económicos como quienes huyen de conflictos tengan acceso a la atención sanitaria, porque la salud es un derecho universal», y que el acuerdo implica poner en marcha un programa para deportar a Turquía de manera inmediata a todas las personas migrantes que demanden asilo, que lleguen a la UE a través de este país, a cambio de que los Estados miembros reubiquen a un número equivalente de refugiadas y refugiados sirios asentados ya en Turquía.
En relación al objetivo señalado por las autoridades reunidas en Ankara, -desincentivar la inmigración ilegal, evitar la actividad de las mafias y prevenir las muertes de personas en sus aguas-, señalan que lo adecuado sería habilitar rutas legales y seguras de entrada a Europa, dado que en caso contrario se abrirán otras más peligrosas e igualmente controladas por mafias ilegales.
Por su parte, las entidades de acción social de la iglesia en España también se suman al rechazo del acuerdo suscrito entre la UE y Turquia, y quieren poner de manifiesto lo que en su opinión supone un giro radical en la política migratoria, y un retroceso en materia de derechos humanos, dado que la UE está 'comprando' la contención de refugiados fuera de las fronteras comunitarias y permitiendo la devolución a Turquia de todas las personas refugiadas que lleguen a la UE.
Igualmente denuncian que este acuerdo viola los convenios internacionales y europeos ratificados por los estados miembros, que prohiben expresasamente la devolución de personas que son objeto de persecución o víctimas de guerra, por lo que les piden que defiendan la Convención de Ginebra, y los valores proclamados en sus constituciones.
También reclaman a la UE canales legales y seguros para accecer a nuestro territorio garantizando la protección de los derechos humanos y la dignidad de estas personas que huyen del terror y la desperación.