Los socios de la Eurozona exigen a Grecia que apruebe de manera inmediata, antes del próximo miércoles, ajustes en pensiones y el IVA, entre otras cuestiones, como precondición para iniciar las negociaciones para un tercer paquete de rescate a Grecia.
En un documento redactado en el Eurogrupo, en el que quedan aún varias cuestiones abiertas que han sido puestas ahora en manos de los jefes de Estado y Gobierno de la zona del euro en la cumbre que celebran en Bruselas, se detallan unos «requisitos mínimos para iniciar las negociaciones con las autoridades griegas».
Los socios estiman que para un tercer rescate Atenas podría necesitar entre 82.000 y 86.000 millones de euros y condicionan su concesión a que el FMI participe en todo el proceso, en contra del deseo de Grecia.
Respecto a las medidas, piden la «racionalización del sistema del IVA y la ampliación de la base impositiva para aumentar los ingresos», el adelanto de medidas para «mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones», dentro de unas «reformas ambiciosas de las pensiones».
Incluyen un «programa de privatización significativamente aumentado» y mencionan específicamente la privatización del operador de transmisión energética (ADMIE), y exigen la modernización de la administración helena.
Además, piden que se lleve a cabo unas «revisiones rigurosas de los convenios colectivos, los despidos colectivos y las movilizaciones laborales», de modo que se avance hacia las prácticas europeas y «no implique un regreso a políticas pasadas».
También solicitan una reforma «más ambiciosa» del mercado de productos con un «claro calendario para la aplicación» de todas las recomendaciones y herramientas de la OCDE en este sentido, que incluya la liberalización del comercio los domingos y de profesiones como el transporte por ferries.
Otras medidas son el fortalecimiento del sector financiero, con «acciones decisivas sobre la morosidad», que se garantice la «independencia legal completa» de la oficina estadística helena, que el Consejo Fiscal esté completamente operativo para cuando se firme el rescate.
También que se adopte la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se trasponga todas las provisiones pendientes de las directivas europeas de resolución y liquidación bancaria.
Solo una vez se aprueben y, además, apliquen estas medidas, «puede que se tome una decisión de dar un mandato a las instituciones para que negocien el memorando de entendimiento» con los términos y condiciones de un tercer rescate al país, señala la eurozona.
Los socios también afirman que las propuestas de reformas planteadas por Atenas «necesitan ser seriamente fortalecidas», de modo que «tengan en cuenta el deterioro de la posición fiscal y económica del país durante el último año».
«El Gobierno griego tienen que comprometerse formalmente a reforzar sus propuestas en una serie de áreas identificadas por las instituciones, con un calendario satisfactorio y claro para su aprobación legislativa y aplicación», añaden.
En concreto, se introducirán «metas estructurales, objetivos intermedios y metas cuantitativas» para hacer un seguimiento de los progresos.
Dicho todo ello, la eurozona advierte que la apertura de las negociaciones no significa que el rescate vaya a ser concedido, y de que «en el caso de que no se llegue a un acuerdo, se le ofrecerán a Grecia negociaciones rápidas para una salida de la zona del euro, con una posible reestructuración de la deuda».
Dentro de un tercer programa, los socios descartan una quita, aunque podrían negociar otras medidas de alivio de la deuda helena.
Sobre las «urgentes» necesidades de financiación a corto plazo del Grecia, la eurozona se limita a «tomar nota» y destacar que éstas manifiestan la necesidad de que se tome una «rápida decisión» sobre un tercer rescate.
Calculan que Atenas necesita 12.000 millones de euros de manera urgente: 7.000 millones de euros para el 20 de julio y otros 5.000 millones para mitad de agosto.