El presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, acordó con los líderes de la oposición la derogación de las polémicas leyes contra los derechos cívicos que provocaron el estallido de los violentos desórdenes en Kiev.
«Se tomó la decisión política de revocar las leyes adoptadas el 16 de enero que generaron numerosas discusiones. Pero aquellas leyes que no hayan despertado críticas, serán adoptadas mañana de nuevo por el Parlamento», explicó Yelena Lukash, ministra de Justicia, que horas antes había amenazado con decretar el estado de excepción. Los líderes opositores demandaban la derogación de todas las leyes que coartan las libertades de expresión y de reunión, y que, en su opinión y en la de la Unión Europea, convertían a Ucrania en un estado policial. Esas leyes serán redactadas de nuevo y conjuntamente por las autoridades y la oposición.
Amnistía
Lukash también explicó que las autoridades están dispuestas a firmar una ley de amnistía de la que se beneficiarían todos los detenidos en las protestas, pero sólo entrará en vigor si los manifestantes desalojan los edificios institucionales. En caso contrario, aquellos que hayan infringido la ley no serán amnistiados.
Ambas partes también abordaron la reforma de la Constitución para limitar los poderes del presidente en favor del Parlamento, a imagen y semejanza de la carta magna de 2004. «Las negociaciones proseguirán», agregó.
Mientras, los manifestantes ucranianos pedían la dimisión de Yanukóvich, al asaltar el Ministerio de Justicia, ignorar las amenazas oficiales y desalojarlo sólo tras la intervención de la oposición.
El incidente es más sangrante, ya que ocurre en víspera de la crucial sesión de la Rada Suprema (Legislativo), en la que se decide el futuro de Ucrania y la continuidad de las protestas, que se han extendido como un reguero de pólvora por todo el país.