En el décimo día desde el estallido del gran escándalo de corrupción en Turquía, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, arremetió duramente contra la Justicia y la policía reprimió con cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma a cientos de manifestantes que pedían la dimisión del Gobierno.
El líder islamista, cada vez más presionado y acosado por las dimisiones de ministros y diputados, aseguró que el Consejo del Poder Judicial de Turquía es una «vergüenza» y «criminal» después de los jueces denunciaran los intentos del Gobierno de controlar los cuerpos policiales y los fiscales.
Justicia
El Gobierno pretendía obligar a los jefes policiales a informar siempre a sus superiores si la Fiscalía los requería para una detención, algo que ayer supuso el bloqueo de una investigación de corrupción lanzada por un fiscal pero que fue abortada.
El primer ministro acusó al órgano judicial de haberse extralimitado en sus funciones, ya que entre éstas no está la de hacer declaraciones públicas.
El Consejo «ha cometido un delito. ¿Quién lo juzgará? Yo lo juzgaría ahora mismo, si tuviera la autoridad. Pero lo juzgará la nación», aseveró un desafiante Erdogan. El Tribunal Constitucional turco anuló ayer el último decreto gubernamental que buscaba controlar a fiscales y comisarios de la policía, en un nuevo revés para el gobierno turco en lo que es ya una guerra abierta entre el Ejecutivo y la Judicatura.
Junto con el cese y traslado de cientos de mandos policiales, la medida posibilitó el bloqueo de una segunda oleada de detenciones que iba a afectar no solo a altos cargos de empresas públicas sino potencialmente incluso a un hijo del propio Erdogan.
Por la tarde, la policía turca impidió a la fuerza que miles de manifestantes se reunieran en la céntrica plaza de Taksim para expresar su repudio al Gobierno y exigir su dimisión.
Mientras, tres diputados del gobernante partido AKP abandonaron ayer sus escaños y el partido en protesta contra Erdogan y su forma de lidiar con esta crisis y los casos de corrupción.