Acuciados por la crisis económica, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se comprometieron ayer a reforzar la lucha contra la evasión y el fraude fiscal al establecer un límite de seis meses para hacer realidad el intercambio automático de información bancaria entre los países para combatir la ingeniería fiscal de las multinacionales. «Es el momento de avanzar en la lucha (contra el fraude y la evasión fiscal). Vemos como, titular tras titular, hay lagunas en la legislación fiscal, lo que alimenta la indignación pública», señaló el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al término de la reunión que los Veintisiete dedicaron ayer a afrontar ese problema.
Van Rompuy reiteró que «millones de millones de euros se pierden. En una época de austeridad, es un tema de justicia y credibilidad». Luxemburgo y Austria aceptaron aprobar antes de finales de este año la revisión de la directiva sobre la fiscalidad del ahorro que bloquean desde 2008, aunque también esperan ver progresos en las negociaciones que la Comisión Europea va a iniciar con cinco países vecinos considerados «refugios», entre ellos Suiza.
Los dos países comunitarios han relajado su defensa de su tradicional secreto bancario ante el aumento de la presión por parte de sus socios europeos, cada vez más preocupados por el creciente descontento de unos ciudadanos que sufren los efectos de la austeridad, a la vez que estallan los escándalos de la evasión de grandes fortunas. Sin embargo, queda por ver si Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San Marino aceptan aumentar su intercambio de información bancaria con una UE no termina de dar luz verde a una mayor cooperación entre los propios socios comunitarios.