El macrojuicio celebrado en Rabat contra 24 saharauis por la muerte de once agentes marroquíes en los sucesos de Gdaim Izik en 2010 se cerró ayer con ocho condenas a cadena perpetua, otras cuatro a 30 años y siete más a 25 años de cárcel, entre las penas más duras.
El Tribunal Militar de Rabat que juzgó a los saharauis durante nueve días sin interrupción anunció su veredicto tras siete horas de deliberaciones entre sus miembros, en horas de la madrugada, posiblemente para evitar aglomeraciones o manifestaciones en el exterior similares a las que vinieron sucediéndose la semana.
Los delitos que según el tribunal quedaron probados fueron «formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte, y mutilación de cadáveres», en grado de autoría o de complicidad.
Los saharauis escucharon impávidos las condenas, levantaron el puño en alto y profirieron proclamas por la independencia y la autodeterminación del Sáhara.
«A mí no me sorprende nada; es un juicio político y con normas militares; pese a que no hemos visto ninguna prueba inculpatoria, sabíamos que iba a ser así», dijo Brahim Dahan, ex preso político y presidente de la Asociación Saharaui de víctimas de violaciones graves de derechos humanos (ASVVDH).
A las afueras del tribunal, un pequeño grupo de nacionalistas marroquíes celebraron con vítores el veredicto al grito de «traidores» y «asesinos».
Sin pruebas firmes
Los rostros de los abogados de la defensa eran de estupor al escuchar la lectura de la sentencia: durante una semana se han dedicado a demostrar que no había ninguna prueba consistente contra los acusados, y que todo se basaba en sus confesiones ante la policía al ser detenidos, que en Marruecos tienen valor de prueba aunque luego sean negadas ante el tribunal.
De hecho, los acusados —que han pasado dos años y tres meses en detención preventiva— han denunciado sistemáticamente haber sido torturados para arrancarles esas confesiones, pero el juez se negó a investigar esas denuncias.
La presentación de armas sin huellas dactilares de los detenidos, la proyección de un vídeo donde era imposible identificar a ninguno de ellos, la ausencia de autopsias a los cadáveres y la falta de pruebas de ADN fueron algunos de los argumentos de la defensa sobre la endeblez de las demás pruebas.
En una de las últimas sesiones, el fiscal exhibió, a modo de prueba fotografías antiguas de varios de los acusados con el presidente del independentista Frente Polisario, lo que según él les culpabilizaba.